Chihuahua, Chih.- El próximo lunes, en su primer día en la Casa Blanca, se espera que el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, anuncie una serie de órdenes ejecutivas para iniciar lo que promete ser el mayor programa de deportaciones del país, afectando a millones de inmigrantes. La propuesta incluiría medidas drásticas, como la eliminación del derecho constitucional a la nacionalidad por nacimiento y el restablecimiento del Título 42, que autoriza al gobierno a tomar medidas de emergencia para prevenir la entrada de enfermedades transmisibles.
Entre los inmigrantes que se verían más afectados se encuentran:
- Inmigrantes con antecedentes penales: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha priorizado la deportación de individuos con antecedentes penales. Según datos, más de 660,000 inmigrantes con antecedentes penales podrían enfrentar la deportación.
- Inmigrantes en proceso judicial o sin detención: Más de 8 millones de inmigrantes que están en diferentes etapas del proceso judicial también estarían en riesgo, incluyendo aquellos con permisos provisionales o pendientes de resolución de sus casos.
- Inmigrantes con órdenes finales de deportación: Se calcula que 1.4 millones de personas tienen órdenes de deportación pendientes, y la nueva administración podría acelerar su expulsión.
- Inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS): Aproximadamente 1.1 millones de inmigrantes, que actualmente tienen protección debido a crisis en sus países de origen, podrían perder este estatus bajo la nueva administración.
- Migrantes en el proceso CBP One: Unos 860,000 inmigrantes que han solicitado ingresar legalmente al país mediante la aplicación CBP One también se enfrentarían a la revocación de su estatus.
- Beneficiarios del programa DACA: Alrededor de 535,000 “dreamers”, personas que llegaron a EE. UU. siendo niños, también están en la mira de las deportaciones masivas, a pesar de la disputa legal que enfrentó el programa en el pasado.
La iniciativa de Trump podría tener implicaciones profundas, afectando a millones de personas que residen en el país con diversos estatus migratorios. Se espera que las acciones sean rápidas y de gran escala, con un enfoque en la detención y deportación de aquellos cuya expulsión ya ha sido ordenada.
Este programa de deportación masiva será un desafío logístico y financiero, pero ICE tiene acceso a información personal detallada, lo que facilitaría la localización de los inmigrantes en cuestión.
Las medidas, que incluyen la reanudación de las redadas en lugares de trabajo, también generarán incertidumbre y pánico entre las comunidades inmigrantes en EE. UU. y en México, donde se preparan para recibir a los deportados.
Con los cambios propuestos, muchos inmigrantes, incluidos los beneficiarios de programas de protección especial, podrían perder sus derechos legales y enfrentar la deportación. Sin embargo, el futuro de este plan dependerá de la implementación de la nueva administración y las posibles reacciones legales y políticas que podrían surgir.
