El Senado de la República solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que proceda con el proceso penal contra el empresario Eduardo Almeida, conocido como Lalo Almeida, por su supuesta participación en el altercado conocido como el “Corralazo”. Este conflicto atrajo la atención pública debido a la confrontación entre el empresario y el exgobernador Javier Corral, en un incidente que involucró presuntas amenazas y violencia.
El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado a que Almeida sea detenido y llevado ante la justicia para que enfrente las consecuencias de su actuar. A pesar de la solicitud, la FGR aún no ha emitido una respuesta oficial, lo que mantiene la incertidumbre sobre los próximos pasos del proceso legal.
Este caso ha reavivado el debate sobre el uso de la impunidad y el poder de los empresarios en la política mexicana, mientras que los críticos exigen que se tomen acciones inmediatas para garantizar que todos los involucrados en hechos como este sean llevados ante la justicia.
