MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, negó categóricamente tener vínculos con el crimen organizado, luego de que una nota publicada por la agencia de noticias Reuters la señalara por presuntos nexos con el narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria estatal calificó como “totalmente falsa” cualquier información que pretenda vincularla con grupos delictivos. Destacó que, el pasado 9 de junio, la Embajada de Estados Unidos en México desmintió supuestas listas de políticos mexicanos identificados por supuestas relaciones con cárteles, entre los que se mencionaba a Marina del Pilar.
“Sobre la nota de hoy puedo decirles que es totalmente falsa cualquier información que me quiera o pretenda vincular con algún grupo delictivo. Durante mi gobierno hemos sido combativos ante todos los grupos delictivos, somos uno de los estados que más decomisos ha hecho a nivel nacional”, aseguró la gobernadora.
Los señalamientos contra la gobernadora y su esposo, Carlos Torres, comenzaron a principios de mayo, cuando les fue revocada la visa americana. Ante esta situación, Ávila Olmeda reiteró que cualquier información sobre supuestos nexos con el crimen es infundada y afirmó que continuará trabajando “con la frente en alto”.
La nota de Reuters, publicada este miércoles 11 de junio, señalaba que el Gobierno de Donald Trump habría estado presionando a México para investigar y procesar a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y, en caso de tener cargos en Estados Unidos, fueran extraditados. El texto hacía referencia a una supuesta fuente anónima que habría asegurado que cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador eran los políticos bajo sospecha, incluyendo a la gobernadora de Baja California.
Ante estos señalamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó haber recibido alguna solicitud por parte del Gobierno de Estados Unidos, durante las reuniones con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, para la extradición o investigación de políticos mexicanos supuestamente vinculados con el narcotráfico. La SRE afirmó en redes sociales que “es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”.
La dependencia federal añadió que las conversaciones entre funcionarios de ambos países se han centrado en la búsqueda de acuerdos en diversos temas, bajo los principios de soberanía, coordinación “sin subordinación y respeto a los derechos humanos”.
