El exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, y uno de los líderes del Cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, regresan esta semana a la Corte federal de Brooklyn, Nueva York. esto para dar seguimiento a las acusaciones por tráfico de drogas que pesan en su contra, en un proceso judicial de alto perfil.
Caro Quintero comparecerá para saber si la Fiscalía estadounidense solicitará la pena de muerte. Por su parte, “El Viceroy” ya ha abierto un canal de negociación con la fiscalía para un posible acuerdo de culpabilidad, que podría resultar en una reducción de su sentencia o condiciones carcelarias menos severas, un escenario que contrasta con la situación de Caro Quintero.
Ambos capos fueron entregados por el gobierno mexicano a Estados Unidos en febrero, hace cuatro meses. Este fue un acto inédito, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) transfirió a los dos capos y a otra veintena de individuos buscados por Washington, sin el amparo del tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que marcó un hito en la cooperación bilateral.
Vicente Carrillo Fuentes se presentará ante el juez Joan Azrack en la corte de Brooklyn el martes 24 de junio. Allí enfrentará cargos por crimen organizado, tráfico de cocaína, uso de armas de fuego y lavado de dinero. es el hermano de Amado Carrillo, quien lideró el Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano hace 28 años, consolidándose como figura central de la organización.
Rafael Caro Quintero, conocido como “El R1”, exlíder del Cártel de Guadalajara y del Cártel de Sinaloa, comparecerá el miércoles 25 de junio ante el juez Frederick Block. Se estableció esa fecha límite para que la Fiscalía determine si buscará la pena capital contra el mexicano en caso de ser encontrado culpable tras un juicio. A diferencia de “El Viceroy”, Caro Quintero no ha tenido, al menos de forma pública, un acercamiento por parte de la Fiscalía para un acuerdo de culpabilidad que le ofrezca algún beneficio penitenciario, lo que presagia un proceso más confrontativo.
Caro Quintero está acusado de crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Además, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Departamento de Justicia, al ser señalado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como uno de los autores intelectuales y materiales del secuestro, tortura y asesinato del agente especial Enrique Camarena, “Kiki”, hace 40 años.
Cada que ha sido presentado ante el juez, decenas de agentes de la brigada antidrogas se hacen presentes en la sala de la corte y afuera de la misma, en un despliegue de fuerza y para “plantar el rostro” al capo que hace varias décadas eliminó a un agente antinarcóticos en México.
En los días y horas previos a su nueva audiencia de seguimiento, el equipo de defensa de Caro Quintero se reforzó con dos nuevas abogadas neoyorquinas. Se trata de Virginia G. Álvarez, fundadora de Alvarez NY Law, una litigante con dos décadas de experiencia penal y reconocida en la lista Super Lawyers.
La otra litigante es Cristina Álvarez, socia de Bloch & White LLP, egresada de la Universidad de Columbia y Brown, especializada en casos de abusos de derechos humanos y detenciones ilegales. Estas abogadas se suman a Mark S. DeMarco y Elizabeth E. Macedonio, esta última designada por la Corte para negociar con los fiscales la posibilidad de que se desistan de una pena de muerte, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Caro Quintero enfrenta un panorama complejo. Más allá de la gravedad de los cargos por narcotráfico, el gobierno estadounidense ha enfatizado su responsabilidad en el asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena. Su proceso ha sido presentado por distintas agencias del Departamento de Justicia como “bandera del ajuste de cuentas” para quienes pongan en riesgo la seguridad de los estadounidenses. El equipo de fiscales a cargo de su caso es el mismo que llevó los casos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna.
“El Viceroy”, Vicente Carrillo Fuentes, enfrenta acusaciones de la misma gravedad que “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada. Además de los cargos de narcotráfico, se le acusa de un uso indiscriminado e ilegal de armas de fuego, lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, y de dirigir, entre enero de 1990 y octubre de 2014, una empresa criminal continua dedicada al narcotráfico.
Los fiscales lo señalan como el líder de la “Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization”, también conocida como el Cártel de Juárez, tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes en 1997. Los fiscales de este caso han expresado que la gravedad de las acusaciones también podría justificar una pena capital, sin embargo, en la primera audiencia de seguimiento, señalaron que todas las opciones, incluyendo soluciones alternas, podrían estar sobre la mesa.
