Ciudad Juárez.- La red de vínculos detrás del crematorio Plenitud, donde fueron hallados 383 cadáveres sin incinerar, incluye a exfuncionarios del sistema penitenciario estatal y federal, así como a actuales servidores públicos. Entre ellos figura Luis Arturo Arellano Cuarón, quien fue detenido por resistencia y desobediencia al intentar ser cuestionado sobre su relación con el caso. Su nombre aparece como accionista en la empresa “Vigila de Juárez”, dedicada a la seguridad privada, junto con Eduardo Guerrero Durán, exfiscal de Ejecución de Penas durante el gobierno de César Duarte, y Luis Carlos Cordero Camarillo, actual enlace administrativo de la FGE en la Zona Norte.
El Registro Público de Comercio confirma que la empresa fue constituida en 2009 con el objeto de brindar vigilancia, custodia y seguridad privada. A pesar de que Guerrero Durán y Cordero Camarillo cedieron su participación en 2010, el vínculo entre los accionistas sigue presente en investigaciones nacionales e internacionales. Un informe de la organización Empower, con apoyo de la Open Society Foundations, documentó la participación de Guerrero Durán en al menos cuatro empresas de seguridad, varias de ellas con presencia también en El Paso, Texas.
El titular de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, justificó la puesta a disposición por la actitud hostil del sujeto al momento de su aseguramiento, además de que existe información que lo relaciona con el crematorio.
Por otra parte, documentos del Gobierno federal señalan que Eduardo Guerrero Durán, cuando estuvo al frente de los penales federales, otorgó contratos millonarios a empresas como Nunvav Inc, vinculada al exsecretario Genaro García Luna. Estas operaciones sumaron más de 157 millones de dólares y 270 millones de pesos, según una ficha de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
