Ciudad Juárez.- Las pesquisas por el hallazgo de 383 cadáveres en el crematorio Plenitud apuntan ahora a posibles delitos de funcionarios de Coespris y personal funerario, informó el fiscal general César Jáuregui. Aunque aún no hay cargos formales más allá de los imputados actuales, dijo que se analizarán posibles omisiones y actos indebidos en la supervisión sanitaria.
Un punto clave es la contradicción entre lo declarado por el comisionado Carlos Tarín, quien aseguró que la última inspección fue en febrero de 2025, y un documento oficial que revela una revisión previa, en marzo de 2022. Esa fue, según la Fiscalía, la última fecha con registro de verificación al crematorio, por lo que podría marcar el inicio de la acumulación de restos.
El caso también expone posibles actos fraudulentos por parte de funerarias que subcontrataron servicios sin que se concretara la cremación. Por ello, Canaco Juárez pidió a las familias afectadas que presenten denuncias, sin las cuales no puede avanzarse legalmente.
Por su parte, colectivos como el CDHPN, CEDIMAC y Hijas de su Maquilera Madre exigieron una identificación forense exhaustiva y transparente. También demandaron que se respeten los derechos de las familias, se informe claramente el destino de los cuerpos y se investigue a fondo el otorgamiento de permisos.
El fiscal afirmó que todo será revisado: desde las actas de inspección hasta la actuación del personal. Coespris ya evalúa separar del cargo a quienes resulten responsables.
