El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, anunció este domingo 6 de julio que presentó su renuncia al Congreso estatal. Él especificó que su salida será oficial a partir del 20 de agosto.
Una vez que el Congreso cuente con la notificación oficial, podrá iniciar el procedimiento para elegir a quien deba conducir a la Fiscalía michoacana.
López Solís dejará el cargo que ocupó desde hacía seis años y medio. Él argumentó que en todo este tiempo desempeñó con responsabilidad el mando de una de las “instituciones más demandantes y referidas socialmente por lo sensible de sus funciones”.
El funcionario, quien antes se desempeñó como secretario de Gobierno de Silvano Aureoles, indicó que, aunque no cumple con su periodo, existe una demanda de más y mejores resultados en el combate a la inseguridad en Michoacán. “al margen del periodo por el que fui electo, es el momento de generar las mejores condiciones que permitan reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales para hacer frente a la legítima demanda de justicia con más y mejores resultados, a partir de nuevos incentivos y reforzamiento del acompañamiento gubernamental”, dijo a través de un comunicado.
El fiscal apuntó que el siguiente mes se enfocaría en llevar a cabo el proceso de entrega y recepción. Además, hizo un llamado a los integrantes de su equipo para colaborar al máximo durante este periodo de transición. “en próximas horas, estaré notificando al Honorable Congreso mi renuncia, con efectos a partir del 20 de agosto del presente año, con el fin de contar con el tiempo suficiente para cumplir con los trabajos de la entrega recepción y, en su caso, entregar a quien tengan a bien designar como nuevo titular”, expuso López Solís.
En los últimos años, Michoacán registró un aumento en la violencia e inseguridad que se relacionó con la actividad de grupos criminales. El estado experimentó asesinatos de figuras políticas, como el de la alcaldesa de Tepalcatepec en junio de 2025. También ocurrieron ataques armados y bloqueos que coordinó el Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente como respuesta a operativos gubernamentales.
La violencia familiar y los homicidios se incrementaron, con municipios como Morelia, Apatzingán, Uruapan, Zamora y Jacona entre los más afectados. La inseguridad se atribuyó principalmente a la disputa territorial entre cárteles como el CJNG, Los Viagras y Cárteles Unidos, que buscaron controlar rutas de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Los criminales también extorsionan a productores agrícolas, en especial del sector aguacatero y del limón, lo que impacta la economía local.
