CANACO Ciudad Juárez aseguró que ninguno de sus socios está vinculado al crematorio donde se localizaron cuerpos sin identificar. Además, solicitó una investigación completa a la Fiscalía General del Estado y propuso una iniciativa de ley que permita supervisar legalmente los procesos de cremación en Chihuahua.
Frente al caso del crematorio investigado por los 383 cuerpos no cremados, la Cámara Nacional de Comercio local se pronunció para deslindarse del sitio, exigir claridad en las investigaciones y plantear una reforma legislativa que garantice certeza y transparencia a las familias que eligen este tipo de servicios.
Durante una declaración pública, el presidente de CANACO, Iván Pérez, afirmó:
“Ninguno de nuestros socios forma parte del brusch de proveedores que tenía este crematorio.”
Y agregó: “Reitero: ningún socio de CANACO es parte de esta situación.”
En ese mismo mensaje, instó a la Fiscalía a avanzar con rigor en las investigaciones:
“Instar a las autoridades a que se llegue a las últimas consecuencias… investigar desde cuándo están haciendo esto, porque no sabemos si tienen 4, 5 o 6 años estos cuerpos.” También solicitó que los resultados se hagan públicos, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Ante la incertidumbre social generada, Pérez llamó a redoblar esfuerzos, señalando que “hay muchísima gente que quiere respuestas y está dolida.”
Como medida para prevenir futuras irregularidades, CANACO propuso impulsar una ley estatal que permita a los deudos presenciar el proceso de cremación. Según explicó Pérez, en otros estados ya existen mecanismos similares:
“Obligan a los crematorios a validar con el deudo: ves que entra [el cuerpo], le cierran y lo creman. Tú puedes estar 3 o 4 horas ahí y terminas con las cenizas de tu familiar.”
Planteó que en Chihuahua debe implementarse un sistema en el que el familiar firme un documento que certifique que vio ingresar el cuerpo al horno crematorio.
En cuanto al impacto comercial, el líder empresarial indicó que la demanda por servicios de cremación ha disminuido:
“Comercialmente sí se ha impactado… se han disminuido las cremaciones.”
Además, señaló que muchas familias han optado por entierros tradicionales ante la desconfianza:
“La gente ahora prefiere enterrar a sus muertos… pero es una decisión que no debería surgir por estos fraudes.”
En relación con la legislación vigente, CANACO consideró que se requieren reformas para endurecer las sanciones:
“Tenemos una legislación muy laxa en manejo de cuerpos… delitos con penas bajas que permiten estos abusos.”
También subrayó que, en caso de que una funeraria haya contratado al crematorio investigado, “el deudo no es responsable de esa decisión. La funeraria debe responder legal y moralmente.”
Finalmente, Pérez relató un caso específico que evidencia la magnitud del problema:
“Ayer, un deudo abrió su urna y tenía nombre de una mujer. Localizaron a la familia de esa persona… van a exhumar el cuerpo para saber quién está realmente ahí.”
Además, recordó que durante la pandemia no se permitía abrir ataúdes, lo que podría haber dificultado la verificación de los cuerpos entregados.
La Cámara Nacional de Comercio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, al mismo tiempo que promovió la creación de un marco legal que regule con mayor claridad los procedimientos de cremación. Su propuesta busca evitar irregularidades, reforzar la confianza ciudadana y garantizar certeza para las familias en momentos difíciles.
