El Consejo Nacional de Morena realizó su VIII Sesión Extraordinaria con el fin de alcanzar acuerdos relevantes de cara a las elecciones de dos mil veintisiete. Si bien el objetivo fue trazar una ruta para la militancia hacia los comicios, la reunión también estuvo marcada por la polémica en torno a Adán Augusto López Hernández y la orden de captura en contra de quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
El mensaje que Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, pronunció en el arranque del acto estuvo dirigido a la oposición, aunque halló especial resonancia al interior del grupo por la tormenta en torno al político tabasqueño. En sus palabras, negó que el instituto político proteja a personajes responsables por delitos. “Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o traicione los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe esos principios debe responder por sus actos y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad”, dijo Alcalde.
Por otro lado, mientras Alfonso Durazo reconocía uno por uno a los personajes que se hicieron presentes en la reunión, cuando tocó el turno de Adán Augusto López, gran parte de los asistentes corearon el grito de “No estás solo”, lo que evidenció el respaldo de una facción importante del partido al exgobernador en medio de las controversias.
Durante la reunión, el Consejo Nacional de Morena aprobó cuatro acciones relevantes. No obstante, además de los comités seccionales, el plan municipalista y el consejo consultivo nacional, la medida que causó mayor expectativa es la creación de una comisión evaluadora de nuevos militantes. El organismo estará integrado por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; Carolina Rangel, secretaria general; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional; Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. A pesar de la relevancia de su función, aclararon que solamente evaluará la admisión o no de nuevos personajes y no será aplicable para quienes ya forman parte del partido, lo que busca establecer un filtro para futuras incorporaciones.
“Queremos evitar que cualquier persona pueda ingresar al movimiento (…) Esa es la Comisión para admitir a personas que hayan compartido otra ideología y haya duda sobre su pasado o que se tenga que tomar la determinación (de no admitirles) por el impacto que pueda tener en nuestro movimiento”, expresó el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila.
La reciente decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena de establecer una Comisión Evaluadora de Incorporaciones responde a una serie de afiliaciones que han generado controversia dentro del partido. Esta comisión, concebida como un órgano colegiado permanente, tendrá la tarea de analizar cada solicitud de ingreso que, por el historial político de los aspirantes, pueda entrar en conflicto con los principios que rigen al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El anuncio de la comisión surge en un contexto de expansión acelerada. En febrero de dos mil veinticinco, el CEN fijó como meta afiliar a diez millones de personas durante la gestión vigente, una cifra que representa un salto ambicioso en la base de militantes.
Este objetivo ha abierto la puerta tanto a simpatizantes de base como a figuras consolidadas en la política nacional, algunas de las cuales han provocado debates intensos sobre la conveniencia de su incorporación.
Uno de los episodios más discutidos fue el de Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde panista de Boca del Río, Veracruz. Tras emitir su voto a favor de la reforma en materia del Poder Judicial, Yunes Márquez se integró al grupo parlamentario de Morena en el Senado y posteriormente solicitó su afiliación formal al partido.
En un primer momento, Morena aceptó su registro, pero la reacción no tardó en manifestarse, especialmente en Veracruz, donde existen investigaciones en su contra. La polémica se intensificó por la percepción de que su historial podría contradecir los valores del partido. Un caso similar se presentó con Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca, cuya solicitud de ingreso también generó cuestionamientos. Estas situaciones han puesto en evidencia la necesidad de un filtro institucional que permita evaluar la compatibilidad de los nuevos militantes con la línea ideológica y ética de Morena.
