Cuautla, Morelos – La tarde del treinta de julio se registró un enfrentamiento en el centro histórico de Cuautla entre comerciantes ambulantes y las funcionarias públicas Juanita Guerra Mena, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y su hermana, la regidora local Ana Sánchez Guerra. El incidente, que escaló a gritos, golpes y jaloneos, provocó que comerciantes exigieran la salida de ambas funcionarias del lugar.
El incidente ocurrió durante un recorrido oficial por la avenida Galeana, mismo que, según versiones, fue organizado en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y contó con la presencia de la Guardia Nacional. Testigos señalan que los ánimos se encendieron cuando la senadora Guerra Mena acusó públicamente a una mujer que la grababa de tener vínculos con un presunto extorsionador. Luego de este señalamiento, un líquido golpeó a la regidora, quien respondió con agresiones físicas a una comerciante.
La situación escaló a gritos, golpes y jaloneos, por lo que comerciantes exigieron la salida de ambas funcionarias del lugar con reclamos y consignas de “rateras”. Tras el altercado, las funcionarias abandonaron la zona escoltadas por elementos de seguridad. El suceso fue difundido ampliamente en redes sociales y reavivó la discusión pública sobre el comercio informal, el uso de la fuerza y el respeto en espacios públicos. El Ayuntamiento y las funcionarias no han emitido todavía una postura oficial.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la relación entre autoridades y comerciantes informales, así como la manera en que deben resolverse los conflictos en espacios públicos. La inseguridad en Cuautla se ha intensificado durante dos mil veinticinco, con un aumento alarmante en delitos como extorsiones, homicidios y secuestros vinculados a la disputa entre células del crimen organizado. Se estima que entre enero y abril se abrieron más de mil trescientas carpetas por extorsión, con casi quinientas denuncias por desapariciones y diecinueve secuestros, la cifra más alta de la última década.
El ambiente de violencia ha paralizado sectores clave, como el transporte público: la Ruta 6 suspendió sus operaciones tras el asesinato de dos conductores que se negaron a pagar “piso”. Asimismo, hay comerciantes que han sido obligados a agradecer públicamente a los grupos criminales por “no cobrarles”, reflejo del control del narcotráfico sobre la ciudad. En respuesta, autoridades desplegaron más de mil quinientos elementos de la Guardia Nacional, Ejército y policías estatales, con patrullajes intensivos en zonas conflictivas. Aunque en ciertos delitos ha bajado el índice de criminalidad, la percepción de inseguridad persiste, alimentada por delitos de extorsión aún sin control, por lo que la población demanda acciones claras, coordinación interinstitucional y un firme combate al cobro de piso para recuperar la normalidad y la confianza.
