Julian LeBarón y familiares de víctimas se manifestaron frente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez para exigir la renuncia inmediata del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del director de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, luego de que un policía municipal fuera vinculado a proceso por su presunta participación en la masacre de 2019.
A casi seis años del brutal ataque donde murieron nueve personas de las familias LeBarón, Langford y Miller, la indignación crece tras confirmarse que uno de los implicados formaba parte de la policía local. Los familiares piden justicia, sanciones ejemplares y una revisión profunda en los protocolos de ingreso y permanencia en las corporaciones policiacas.
El 4 de noviembre de 2019, tres camionetas fueron emboscadas en la frontera entre Sonora y Chihuahua. El ataque dejó un saldo trágico: tres mujeres y seis menores asesinados. A pesar de los 36 detenidos, la familia denuncia que faltan más de 60 responsables por capturar, según investigaciones desde Estados Unidos.
Recientemente fue detenido Jacinto Galindo Peña, agente activo de la Policía Municipal, conocido como “El Monster”, vinculado a proceso por feminicidio y tentativa de feminicidio. Además, la autoridad solicitó investigar su posible participación en terrorismo. Su detención se dio tras señalamientos de otro detenido relacionado con la masacre.
Galindo Peña ingresó a la corporación en 2022, renunció en 2023 y reingresó en 2024, desempeñándose como agente de resguardo de edificios. Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), no existía antecedente ni sanción en su expediente, lo que genera preocupación sobre los filtros de ingreso y control en la policía local.
Actualmente, Galindo Peña está recluido en el penal del Altiplano como parte del proceso por la muerte de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller.
Adrián y Julián LeBarón acudieron personalmente a la Presidencia Municipal, donde fueron recibidos por el secretario del Ayuntamiento y el subsecretario de Seguridad Pública. Ahí expresaron su indignación y preocupación por la inseguridad y la presunta infiltración criminal en las corporaciones policiacas.
“Estamos aquí como ciudadanos, como víctimas y como chihuahuenses para hacer visible lo que ocurre. No podemos quedarnos callados cuando policías activos son señalados por masacres como la nuestra”, afirmaron.
La familia también denunció que el día del ataque fueron retenidos por casi nueve horas por personal militar, retrasando la ayuda. Además, acusaron al entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de facilitar la evasión de los agresores y a la gobernadora Claudia Pavlovich de no proporcionar un helicóptero por falta de combustible.
Solicitan que se investigue al alcalde Cruz Pérez Cuéllar y al director de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, por posibles omisiones en sus funciones y que se sancione a quienes resulten responsables.
Pidieron también la colaboración del gobierno de Estados Unidos para restringir visas a los presuntos responsables, ya que muchas víctimas tenían doble nacionalidad.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad para no guardar silencio ante la violencia:
“Si no damos el ejemplo, le estamos heredando descomposición a la siguiente generación”, concluyó LeBarón.
