En teoría, el municipio es la célula más libre y poderosa de la democracia mexicana. Así lo quiso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115: un gobierno cercano, autónomo, con la responsabilidad de brindar seguridad, servicios públicos, alumbrado, agua, limpia, mercados, panteones, calles, parques, vialidad y policía. La lista es clara, casi didáctica. Uno podría pensar que con semejante hoja de ruta los ayuntamientos tendrían un manual para no perderse. Pero Juárez es la prueba viviente de que el problema no es la falta de normas, sino la incapacidad de leerlas —y mucho menos cumplirlas.
Porque el 115 no habla de ocurrencias ni de pretextos, habla de obligaciones. Y, sin embargo, aquí en Cd. Juárez se camina sobre banquetas rotas, se maneja en calles más parecidas a un campo minado que a una vía pública, y se pagan impuestos sin verlos reflejados en drenaje, agua o parques. De la limpieza mejor ni hablamos: basta con voltear a los baldíos de cualquier colonia para comprobar que la basura le gana la partida a los camiones recolectores.
La seguridad, ese tema tan “de moda”, también es responsabilidad municipal. La policía preventiva debe estar al mando de Cruz Pérez Cuellar, quien funge como presidente municipal. Pero en Juárez, los ciudadanos viven con la sospecha de que quien manda en las calles no es la alcaldía, sino el crimen organizado. El tránsito municipal, otra de sus tareas, termina siendo más un dolor de bolsillo con sus multas recaudatorias que una estrategia real de movilidad. Lo acabamos de ver: hasta el descaro de anunciar que se iniciarían las multas por no traer el engomado ecológico, mientras invitan a hacer el trámite para poder atender el parque de El Chamizal, que, por cierto, es federal y debería tener una partida especial. En fin.
Y si hablamos de alumbrado público, parques y panteones, la conclusión es simple: se administran como si fueran lujos y no derechos básicos. El 115 no pide milagros, pide orden y voluntad. Pero lo que se ofrece en su lugar es la eterna retórica de “falta de recursos”, mientras se inflan nóminas, se inventan direcciones municipales y se presumen obras de relumbrón, que se inundan en la primera llovizna.
El municipio debería ser el gobierno más cercano a la gente, pero en Juárez se ha convertido en la primera línea de frustración. Ahí donde debería haber soluciones inmediatas, lo que reina son excusas inmediatas. Si el artículo 115 se cumpliera, no habría que mendigar alumbrado ni tolerar calles que parecen ruinas romanas. Pero parece que en Palacio Municipal nadie lo ha leído, o lo leyeron y prefirieron ignorarlo.
La Constitución quiso darle al municipio la libertad para gobernarse. Juárez, en cambio, decidió usar esa libertad para incumplir sus deberes. Y en ese vacío florecen la impunidad, la ineficiencia y la desconfianza. El artículo 115 no es un poema ni un adorno: es un contrato. El problema es que aquí lo firmaron con tinta invisible.
Sin embargo, hay algo que no está escrito pero que también es constitucional: la obligación ciudadana de exigir. El 115 puede volverse letra viva si los juarenses lo reclaman en cada junta de vecinos, en cada cabildo abierto, en cada voto que emitan. No se trata de esperar milagros de Cruz Pérez, sino de recordar que el municipio no es de un alcalde en turno, sino de quienes lo habitan. Y ese recordatorio puede ser incómodo, pero también es la única vía para que Juárez deje de ser ejemplo de lo que no funciona y empiece a ser la prueba de que sí se puede.
