Resulta paradójico que Gustavo Elizondo, exsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Javier Corral, recorra hoy espacios y grupos de poder con una seguridad que nunca mostró cuando tuvo en sus manos el encargo público.
En su paso por la administración estatal no dejó huella visible: ni grandes obras, ni proyectos emblemáticos, ni resultados que pudieran sostener su discurso actual.
Durante esta reciente gira, sobre todo en la frontera, buscó marcar distancia con el presente gobierno y llegó a asegurar que no hay comparación entre lo que él hizo y lo que se hace hoy.
Sin embargo, las mismas voces empresariales y políticas a las que intentó convencer le sugirieron prudencia: su intervención levantaba más resistencias que simpatías.
Los murmullos coincidieron en un punto: su gestión fue tan gris como la del exgobernador al que sirvió.
Entre esas mismas conversaciones, algunos recordaron que al exsecretario no se le debería olvidar que, al menos, tuvieron la piedad de no sacarle en público las auditorías ni la discrecionalidad con la que respaldó a ciertos actores.En política la memoria pesa, y más cuando lo que se recuerda no son obras, sino omisiones y silencios prestados.
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En el Congreso del Estado se cocina una de esas negociaciones que definen el verdadero pulso del poder: quién se queda con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y quién con la Auditoría Superior del Estado.
No es un asunto menor ni un simple relevo institucional; se trata de dos posiciones estratégicas que, aunque distintas en su naturaleza, representan un pastel demasiado grande como para que algún partido lo deje pasar.
La lógica es sencilla, la CEDH ha sido históricamente un espacio en el que la izquierda encuentra refugio para impulsar sus banderas, mientras que la Auditoría se convierte en el instrumento más codiciado de cualquier gobierno en turno, pues ofrece la posibilidad de fiscalizar… o de proteger, según convenga.
Morena busca consolidar su narrativa desde el terreno de los derechos humanos; Acción Nacional no quiere soltar un organismo que, más allá de lo técnico, tiene un valor político incalculable.
El dilema está en qué está dispuesto a ceder cada coordinador para garantizar el otro botín.
En estas mesas no se negocian nombres, sino cuotas de poder, y lo que parece un acuerdo de civilidad es, en el fondo, un cálculo frío de pérdidas y ganancias.Al final, el resultado será leído como un test de madurez política.
Lo que se reparta en la Jucopo no solo marcará la agenda del Congreso, sino que revelará hasta qué punto la pluralidad se traduce en acuerdos reales o en un simple reparto de botines disfrazado de consenso.
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El diputado José Luis Villalobos, a quien muchos dentro y fuera del partido llaman “el Rey del PRI” o incluso “el Emperador del PRI” por sus relaciones en la política nacional, no participará en el informe de labores del grupo parlamentario tricolor, programado para el próximo 30 de septiembre.
La molestia tiene un origen claro: no haber sido postulado para la presidencia del Congreso, cargo que aspiraba a ocupar y que terminó en otras manos.
Aunque Villalobos ha demostrado capacidad para tender puentes de comunicación y generar acuerdos, su propia bancada lo ha mantenido en los márgenes, lo que ha causado fricciones difíciles de ocultar.
La ausencia en el informe levanta interrogantes, ¿es un gesto personal de inconformidad o una señal más profunda desde la dirigencia nacional? En los corrillos políticos ya se interpreta como un mensaje que podría provenir del mismísimo presidente del Comité Directivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.En cualquier caso, la señal no es menor: un priista de peso que se autoexcluye del escaparate público de su grupo parlamentario deja claro que el partido vive una recomposición interna más compleja de lo que aparenta.
