En Ciudad Juárez, donde la seguridad se discute más en reuniones que en las calles, septiembre avanza con un menú de contradicciones que parecen diseñadas para mantener a la ciudad en vilo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llegó este 17 de septiembre para encabezar un operativo que promete poner orden en una frontera que ya no aguanta más simulaciones.
Pero, ¿de qué sirve otra visita federal cuando las promesas pasadas se acumulan como polvo en los estribos? El jalón de orejas de la presidenta Claudia Sheinbaum a Maru Campos y a Cruz Pérez Cuéllar por el repunte de violencia –con 50 homicidios en las primeras dos semanas del mes– impulsó este despliegue, que incluye más patrullas, inteligencia compartida y coordinación con la Guardia Nacional.
Harfuch aterriza en una frontera que recuerda intervenciones fallidas en Sinaloa, Culiacán, Zacatecas y Tabasco, donde los operativos iniciales brillaron con fotos y discursos, solo para ver cómo el crimen se reorganizaba o, peor, se infiltraba en las mismas fuerzas enviadas.
En Juárez, donde agosto cerró con 72 ejecuciones y septiembre sigue sumando, la ciudadanía exige resultados medibles: menos balas, más detenciones de alto impacto y vigilancia estricta sobre los uniformados que llegan “a ayudar”. Si este viaje de Harfuch se queda en una visita mediática, será otro fracaso anunciado.
Mientras tanto, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anuncia el retiro gradual de militares de los cargos de control, reemplazándolos por funcionarios civiles. En Juárez ya inició el proceso, y el cambio se extenderá a todo el país. Adrián Rodríguez Almeida, dirigente de los agentes aduanales locales, lo explica como un ajuste para agilizar importaciones y exportaciones con personal capacitado.
Después de años de militarización en puertos fronterizos –donde 3,500 tráilers cruzan diario–, el gobierno federal reconoce que los soldados, entrenados para combate y no para papeleo, generaban cuellos de botella y errores. En teoría, civiles expertos podrían reducir las filas que encarecen el nearshoring. ¿Se agilizarán los cruces o se abrirá la puerta a más contrabando?
Como si fuera poco, el CERESO varonil 3 de Juárez alcanza un máximo histórico de 4,555 reclusos en agosto de 2025, un 17% por encima de su capacidad de 3,889 camas, representando casi la mitad de la población penitenciaria estatal. Desde que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado asumió el control en 2023 –tras el motín que dejó 17 muertos y 26 fugas orquestadas por “Los Mexicles”–, el hacinamiento ha escalado sin freno.
El proyecto de reconvertir el Cersai 2 en espacio para mujeres –liberando más de 300 plazas– se pospuso a noviembre, dejando al sistema al borde del colapso. Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría, prometió avances, pero el silencio institucional refleja un penal que se desmorona bajo su propio peso: condiciones inhumanas, riesgo de motines y una reinserción que parece inalcanzable.
Y como colofón, justo cuando el líder de la “Barredora” es regresado a México, aparece un posible amparo judicial que protege a “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, contra acciones de la Fiscalía General de la República. El amparo 1728/2025, tramitado en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, busca bloquear órdenes de detención o incomunicación, extendiéndose a Gonzalo López Beltrán y otros.
En un país donde la extradición de capos es rutina, este amparo presentado sin la firma de los quejosos huele a escudo político en vísperas de escrutinio internacional.
