El Consejo de Administración del Infonavit estableció en 630 mil pesos el precio máximo de las viviendas que construya o rehabilite el Instituto como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, orientado a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de septiembre, considera criterios como el costo del terreno, urbanización, construcción, gastos administrativos y estudios técnicos.
El monto tope busca asegurar que las viviendas sean accesibles para los derechohabientes con ingresos bajos, y contempla ajustes proporcionales si el salario mínimo cambia en alguna región. Además, el precio final de cada vivienda se determinará individualmente, según el tipo de prototipo (vertical, dúplex, cuádruplex, etc.) y el nivel dentro del edificio. Este precio deberá reflejarse en todos los documentos legales, como el Registro Único de Vivienda y la Carta de Instrucción Notarial.
Estas disposiciones aplican únicamente para la primera venta directa que realice el Infonavit a los trabajadores. En caso de ventas posteriores entre particulares, el valor de la vivienda se ajustará conforme a las normas jurídicas y crediticias vigentes. Esta decisión forma parte de la política del actual gobierno para que el Instituto recupere su papel como desarrollador de vivienda social, más allá del financiamiento a constructoras privadas.
