Ciudad Juárez.- Bajo un crecimiento que ha llamado la atención tanto de instancias federales como de gobiernos municipales, la empresa Energética Carvel, encabezada por el empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto, ha pasado de operar discretamente a convertirse en una figura central dentro del mercado de hidrocarburos en Chihuahua. En paralelo, el nombre de su fundador se ha vinculado a una amplia red de contrabando fiscal de combustibles, presuntamente responsable de evadir miles de millones de pesos en impuestos y dañar significativamente el patrimonio de Pemex.
Con más de 40 gasolineras, redes de distribución de combustible importado, centros de almacenamiento masivo y presencia en múltiples sectores empresariales, Carvel no solo ha dominado el mercado en Chihuahua en una década, sino que ha sido señalada por autoridades como una de las beneficiarias del llamado huachicol fiscal. Las denuncias contra esta red —que involucra a más de 500 compañías en todo el país— apuntan a que el combustible es introducido de forma ilegal o por encima de los límites autorizados, y luego distribuido a precios menores, afectando al fisco y desplazando a competidores legales.
El 25 de septiembre de 2025, una unidad de transporte de Carvel fue detenida por la Guardia Nacional sobre la carretera Chihuahua–Ciudad Juárez. Aunque el hecho ocurrió bajo total hermetismo, no se ha informado si la carga fue asegurada o si el operador quedó a disposición judicial. Lo que sí se sabe es que el nombre de Velázquez Nieto ya figuraba desde antes en investigaciones federales, e incluso fue incluido en 2020 por la Secretaría de Hacienda en la lista de contribuyentes con irregularidades. A pesar de ello, su conglomerado empresarial siguió creciendo.
El ascenso de Velázquez Nieto no se limita al sector energético. En 2023, fundó Aseo Municipal S.A. de C.V., la cual fue beneficiada con un contrato por 41 millones de pesos anuales para prestar el servicio de recolección de basura en dos de los principales polígonos de Ciudad Juárez, a pesar de que la empresa fue registrada solo siete meses antes. Las zonas que atiende actualmente concentran más de 750 mil habitantes, y su designación ocurrió a pesar de que él y sus socios fueron señalados en 2018 por la ordeña de ductos de Pemex para surtir las gasolineras Carvel Fuel y Black Gold.
Uno de los personajes clave en la red de empresas vinculadas al contrabando de combustibles es Homar Prieto Barrera, empresario chihuahuense identificado como propietario de Black Gold Gasolineras y socio cercano de Carlos Alberto Velázquez Nieto. En 2018, su nombre surgió en las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), tras un operativo que resultó en la clausura de estaciones de servicio Black Gold y Carvel Fuel por presunta venta de gasolina robada. Además, Prieto Barrera figura como socio de Daniel Alejandro Salazar Cano, exempleado de Pemex que fue vinculado a proceso por delitos relacionados con el robo de hidrocarburos en ese mismo periodo. A pesar de estos señalamientos, y de que la operación de sus empresas fue suspendida de manera temporal, Homar continuó ampliando su presencia en el sector energético del norte del país, y se ha mantenido como un actor activo en el ecosistema de distribución de combustibles en Chihuahua, operando al margen de sanciones firmes o investigaciones concluyentes.
En esa ocasión, un operativo de la entonces PGR clausuró varias estaciones por presuntamente expender combustible robado, tras lo cual surgieron defensas públicas por parte de figuras políticas como el exfiscal César Augusto Peniche Esquivel, quien incluso exhibió autos de colección en una de las estaciones Carvel. Reportes recientes también vinculan a Velázquez con otras empresas, como Jets Premier, dedicada a la renta de aviones ejecutivos, además de actividades en finanzas, limpieza y comercio digital.
Mientras Carvel promociona inversiones de hasta mil millones de pesos en infraestructura y anuncia programas sociales en Chihuahua, la discrecionalidad con la que opera y los antecedentes judiciales de su propietario siguen sin aclararse. La pregunta se mantiene vigente: ¿cómo logra una empresa señalada por contrabando y evasión fiscal insertarse en contratos públicos estratégicos sin un proceso riguroso de revisión?
