En días pasados se llevó a cabo en Juárez la Asamblea General del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR). Chihuahua y Juárez estuvieron presentes a través de sus alcaldes, pero el verdadero centro de atención fue Marco Bonilla, quien tomó el micrófono y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión en un país donde el periodismo parece estar bajo asedio.
El gesto no es menor. En 2025, casos como el de Héctor de Mauleón, denunciado por una diputada de Morena, o la “ley mordaza” de Campeche –que obliga a medios a someterse a un censor previo– exhiben un clima de censura creciente. A ello se suman cierres de periódicos en Puebla y demandas contra reporteros en Veracruz. En total, 39 periodistas y 12 medios enfrentaron procesos legales en 2025, un aumento del 25%, según Reporteros Sin Fronteras. Por eso, el respaldo de Bonilla envía un mensaje: la mordaza no debe normalizarse.
Mientras tanto, la gobernadora Maru Campos pidió a los panistas evitar “golpes bajos” rumbo a 2027, pero no pudo evitar un desliz: aseguró que no había notado las bardas pintadas con el nombre de Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN. La escena parece un sketch político: bardas proféticas que la gobernadora “no vio” y Sergio Nevárez, titular de la JMAS, confirmando con falsa modestia que sí le interesa competir. El PAN, que presume unidad, exhibe fisuras visibles en plena carrera sucesoria.
Y para cerrar con estruendo: los transportistas bloquearon la carretera Chihuahua–Juárez en protesta por extorsiones que los obligan a pagar “derecho de piso” para circular. Cientos de unidades paralizaron el tránsito durante horas, exigiendo seguridad real en vías que son arterias de la economía estatal. La Alianza de Transportistas denunció que las amenazas y cobros ilegales han escalado en 2025, dejando choferes endeudados y atemorizados. El paro no fue un capricho: fue un grito desesperado en un estado donde la violencia ya pesa como un impuesto extra.
