No se necesitaba ser pitoniso para saberlo: Ariadna Montiel no se quedó de brazos cruzados. En política, los silencios son más elocuentes que los discursos, y el de la secretaria del Bienestar fue más bien una pausa estratégica. Hoy, con su reciente activación pública, vuelve a dejar claro que no piensa permitir que Cruz Pérez Cuéllar ni Andrea Chávez le arrebaten la candidatura por la gubernatura de Chihuahua. Es más, ni siquiera parece dispuesta a compartir la cancha. Se sabe desde que soltó aquella declaración: “Chihuahua es un estado que me ha robado el corazón”, como si el amor fuera un boleto de lotería que ella misma rifa.
Ariadna tiene algo que sus contrincantes internos no: estructura nacional y en todos los rincones. Una red social armada desde los programas del Bienestar, presencia nacional y una narrativa de “política cercana” que, guste o no, conecta con los sectores populares. Mientras Cruz se defiende de las balas políticas y de las reales que azotan a Juárez, y Andrea sigue más preocupada por el discurso ideológico que por los resultados tangibles en su gestión como senadora, aunado a las bronquitas que trae su padrino político Adán Augusto, Montiel teje fino, tendiendo puentes entre el centro del país y el norte olvidado. Su “amor” por Chihuahua no es casual; es estratégico, un amor selectivo que bloquea rivales sin mancharse las manos. Porque Ariadna sabe que, en Morena, el fratricidio es el deporte favorito y la que controla los programas sociales controla los votos.
Lo curioso es que, en Chihuahua, donde la 4T parece tenerlo todo dividido, Ariadna se está convirtiendo en la pieza que podría reorganizar el tablero. Su regreso al protagonismo no es un accidente mediático: es una estrategia preelectoral. Y si alguien conoce la maquinaria de Morena, es ella. El mensaje es claro: no habrá candidatura sin su venia, y menos si viene del grupo juarense. En tiempos donde la lealtad pesa más que la experiencia, Ariadna representa la “línea directa” con Palacio Nacional y a eso no hay cómo competirle.
Mientras tanto, acá en Juárez, la lluvia volvió a recordarnos lo que la burocracia prefiere olvidar: la tragedia no tiene calendario. Cuatro meses después del desastre en el norponiente, las autoridades apenas iniciaron la entrega de apoyos a los damnificados. Cuatro meses. En ese lapso, un ciudadano común paga créditos, levanta bardas, compra lonas y vuelve a empezar, mientras el gobierno —ese que se jacta de “no dejar a nadie atrás”— tarda una estación completa en reaccionar.
Lo que vivimos cada temporal no es un fenómeno natural, sino político. No llueve tanto como se inunda la incompetencia. Porque los drenajes colapsan, las calles se hunden y las casas se pierden no por la fuerza del agua, sino por la ausencia de planeación. Y mientras la ciudadanía se acostumbra a vivir entre baches y socavones, las autoridades se refugian en el eterno “ya estamos trabajando en eso”. La pregunta es: ¿cuándo exigiremos más como sociedad?
Los apoyos a damnificados por inundaciones en Juárez llegan con la lentitud de un caracol con resaca: hace cuatro meses, un aguacero en el norponiente dejó casas bajo el agua y familias en la intemperie, y solo ahora –con nuevas lluvias que amenazan repetir el drama– inicia la repartición de los fondos federales prometidos.
El municipio, con Cruz Pérez Cuéllar al frente, anuncia que 200 hogares recibirán entre 20,000 y 50,000 pesos por daños, un gesto que suena a alivio, pero llega con el olor a tardanza que caracteriza a esta administración. ¿Qué pasó en estos 120 días? ¿Trámites eternos, inspecciones que no inspeccionan o simplemente una priorización que pone 10 millones de pesos para conciertos de la UACJ por encima de techos rotos?
Esto revela un sistema que reacciona, no previene: mientras el norponiente se ahoga de nuevo, los 200 damnificados reciben cheques que no cubren ni la mitad de los daños, dejando a Juárez preguntándose si los recursos federales se diluyen en trámites o en prioridades equivocadas. Pérez Cuéllar, en su rueda de prensa semanal, presume que “el cambio sigue”, ¿dónde tenía los ojos cuando el norponiente flotaba? Porque si cuatro meses es el tiempo para repartir ayuda, ¿cuánto tardará en prevenir la próxima inundación?
Y si hablamos de exigencias, los empleados del SAT ya perdieron la paciencia. Siguen en paro nacional, y no por un aumento millonario, sino por baños limpios, papel sanitario y metas laborales realistas. Una huelga así debería encender alarmas, no solo por lo simbólico, sino porque desnuda la incongruencia de un gobierno que presume récords de ingresos fiscales, pero ni siquiera puede garantizar condiciones básicas a su personal.
Desde el 14 de octubre, miles de empleados del SAT en todo el país –incluyendo oficinas en Juárez– cruzan brazos contra condiciones que parecen de oficina de los 80: baños sin suministros básicos, metas que exigen milagros y un ambiente laboral que apesta a explotación disfrazada de servicio público.
La presidenta Claudia Sheinbaum, fiel a su estilo de minimizar lo que pica, lo califica de “asunto interno y que solo son unos pocos los alcistas” en su mañanera, como si un paro que afecta declaraciones, devoluciones y el flujo de impuestos fuera un capricho de oficina.
¡Qué descaro tan presidencial!: mientras el SAT recolecta miles de millones para el erario, sus empleados piden lo elemental: papel para limpiarse el… sudor de metas inalcanzables y baños que no sean un chiste higiénico.
El problema, claro, es que el poder se ha vuelto inmune al ridículo. Mientras la presidenta se enfoca en maquillar estadísticas y repartir discursos tranquilizadores, el país se sostiene con cinta adhesiva: oficinas públicas sin recursos, ciudadanos desbordados y un aparato político más pendiente del 2027 que del presente.
