Ciudad Juárez amaneció ayer con una medalla nada honrosa: el aire más contaminado de todo México. Con un índice de calidad del aire que rozó los 300 puntos en el AQI, superando a la CDMX y Monterrey en un ranking que nadie quiere ganar. La estación de monitoreo en la colonia Anapra registró picos de PM2.5, esas partículas finas que se cuelan en los pulmones como ladrones silenciosos.
La alerta roja se encendió con cifras que harían toser hasta al optimista más empedernido. Pero claro, ¿qué esperábamos? Si seguimos abriendo las aduanas como si fueran piñatas y dejando entrar a miles de autos “chuecos” cada año, sin control, sin verificación, sin planeación. Vehículos sin mantenimiento, convertidos en chimeneas ambulantes, circulan por avenidas saturadas de polvo, diésel y desidia.
No es casualidad: los autos irregulares, el transporte público obsoleto, la falta de áreas verdes y la quema de basura en colonias periféricas forman un cóctel que respiramos a diario. Y aun así, el discurso oficial insiste en culpar al viento o al clima, como si el cielo tuviera la culpa de lo que sucede en tierra. La contaminación en Juárez no es un accidente meteorológico: es una consecuencia política.
Mientras los pulmones de la frontera se llenan de hollín, el panorama político del estado no ofrece oxígeno alguno. El Partido Acción Nacional vive su propio episodio de confusión. Santiago de la Peña y Daniela Álvarez salieron a aclarar que el PAN “no rompe alianzas, solo redefine estrategias”. Vaya forma elegante de decir “no sabemos qué estamos haciendo”. La supuesta redefinición luce más como desorientación: un partido que parece dispuesto a entregarle el estado al adversario antes que resolver sus divisiones internas.
El engrudo azul se les hizo bolas, y no hay discurso que lo despegue. Porque no se trata solo de alianzas políticas, sino de rumbo. Un PAN que no sabe si pactar con el PRI o renegar de él, que presume unidad pero actúa como federación de egos, y que mientras tanto observa cómo su bastión, Chihuahua, empieza a resquebrajarse ante su indecisión.
Y para rematar con guantes puestos, la gobernadora Maru Campos se calza los de box para demandar a Luisa María Alcalde, la líder nacional de Morena, por daño moral, un round que promete ser más largo que una sesión de Cabildo en lunes lluvioso.
Campos, harta de las declaraciones de Alcalde que la tildan de “corrupta” y “aliada de intereses oscuros”, anunció la querella civil por 10 millones de pesos, argumentando que las palabras de la secretaria de Gobernación no solo manchan su reputación, sino que incitan a la violencia contra su familia y gobierno. “No me quedaré callada ante difamaciones que ponen en riesgo mi integridad”, soltó la gobernadora Campos, con la firmeza de quien sabe que en Chihuahua, donde el PAN se activa con asambleas y Morena se resquebraja, una demanda así es munición electoral.
En un estado donde el PAN redefine alianzas y Morena se parte entre cruzistas y andreístas, esta pelea de guantes es un tráiler de lo que viene: puños verbales que podrían escalar a judiciales, con 10 millones de por medio.
