Vaya con la sorpresa. La Auditoría Superior de la Federación acaba de detectar irregularidades por más de 6 mil 969 millones de pesos en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque la nota debería generar indignación, ya no asombra a nadie. El verdadero titular, el que no aparece en los portales, debería ser: “Claudia Sheinbaum investiga, pero no sanciona porque no pasa nada”.
Porque eso es lo interesante. La nueva presidenta, que llegó con la promesa de “honestidad científica”, parece haber heredado el método más efectivo del lopezobradorismo: el del “ni lo sé, ni lo vi, ni me importa”. Un modelo de impunidad elegante, silencioso, revestido de tecnocracia y eficiencia discursiva. Todo se audita, pero nada se castiga; todo se transparenta, pero nadie rinde cuentas.
Dos cosas llaman la atención aquí, como un chiste que nadie ríe:
Primero, que sea precisamente el equipo de Sheinbaum el que no mueve un dedo para indagar más allá –ni un fiscal que huela el rastro, ni un boletín que nombre a los magos del desvanecimiento–, dejando que esos miles de millones floten en el éter como globos de helio en tormenta.
Y segundo, que aun así, no va a pasar nada: ni un cargo, ni una devolución, ni un suspiro de accountability que rompa el ciclo de “fue el de antes”.
Porque si el desfalco en programas sociales, compras de medicamentos y obras inútilmente faraónicas –esos 6,969 millones que la ASF detalla como un catálogo de errores y omisiones– se queda en un reporte polvoriento, ¿qué esperanza le queda a una ciudadanía que ya paga con sudor el impuesto a la impunidad?
Sheinbaum, con su elegancia doctoral, podría ordenar una pesquisa que ilumine los rincones oscuros, pero prefiere el silencio, como si investigar al pasado fuera cavar una tumba propia.
Y lo más preocupante no es el monto —aunque 6 mil 969 millones de pesos duelen en cualquier idioma—, sino la naturalidad con la que el país lo asume. La corrupción ya no indigna, apenas genera un suspiro cínico. Nos acostumbramos a que cada sexenio tiene su propio catálogo de irregularidades, solo cambia el eslogan.
Mientras tanto, aquí en Juaritos, la realidad no pinta mejor. El gobierno federal anunció que habrá ajustes en el decreto de autos “chocolates”, esos mismos que, bajo la promesa de regularizar lo irregular, saturaron aún más nuestras calles y contribuyeron a la contaminación que ya coloca a Juárez entre las ciudades con peor calidad del aire en México.
El fin de los “chocolates” para autos usados en Juárez es el caramelo amargo que nadie pidió, pero necesitábamos a gritos: Sheinbaum anuncia ajustes al decreto que eximía aranceles a vehículos usados de EU, un privilegio que convertía la frontera en un mercado de ruedas importadas y que ahora se encoge como globo pinchado.
“Se acabaron los chocolates”, soltó la presidenta, como si estuviera confesando un capricho infantil, pero el golpe duele en el bolsillo juarense: con el decreto modificado, los autos chuecos –esos que cruzan el Río Bravo como si fuera un río de leche y miel– ya no entran con la dulzura de antes, enfrentando aranceles que podrían subir hasta 20% y requisitos que complican el trámite como un nudo gordiano. Qué cambio tan “justo” que la presidenta justifica como “equidad fiscal”.
La regularización de vehículos usados fue, desde el principio, una solución populista para un problema estructural. Hoy, el propio gobierno que la impulsó intenta enmendarla con ajustes “sin privilegios”. En el fondo, ya verá usted, lo que seguirá será lo mismo: más autos, menos control y ninguna planeación.
Y mire usted, tal y como les gusta a nuestros políticos minimizar lo que pica, Juárez recibe otra mala noticia que duele en el bolsillo: los precios suben más rápido aquí que en el resto del país, con una inflación del 4.64% en la primera quincena de octubre, superando el 3.63% nacional, según datos del Inegi reportados por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).
Esta disparidad, que golpea como un puñetazo en el estómago, se presenta en un contexto de crisis local con la pérdida de alrededor de 65 mil empleos en la industria maquiladora durante los últimos 26 meses, y otros 29 mil en diversas actividades desde marzo de 2023, junto con una reducción en la derrama salarial formal por cuatro meses consecutivos debido a la contracción del empleo y los salarios.
El sector de alimentos y bebidas registró la inflación más alta, con un 5.09%, impactando directamente a la clase trabajadora que ya raciona cada peso. Otros rubros no se quedan atrás: ropa, calzado y accesorios al 2.25%, vivienda al 3.30%, muebles y aparatos al 8.37%, salud y cuidado personal al 5.92%, transporte al 2.19% y educación y esparcimiento al 5.82%. Las causas principales de este galope acelerado son la incertidumbre generada por la guerra arancelaria con Estados Unidos, que afecta el tipo de cambio y lleva a los comerciantes a elevar precios preventivamente ante posibles fluctuaciones en el dólar.
Esta situación implica un impacto mayor en los residentes de menores ingresos, quienes enfrentan primero la pérdida de empleos y luego el encarecimiento de bienes esenciales, exacerbando la crisis económica local. Qué mala noticia tan predecible: en una ciudad donde el salario mínimo de la Zona Libre apenas alcanza para lo básico, ver precios que suben más rápido que en el resto del país no es sorpresa; es el recordatorio de que Juárez, epicentro maquilador, paga el pato de inestabilidades que no controla.
