Octubre cierra con una cifra que estremece y que debería avergonzarnos como sociedad: 82 mujeres asesinadas en Juárez en lo que va del año, un promedio de una cada 4.5 días, como si la vida femenina fuera un reloj que marca horas con violencia en lugar de minutos con esperanza.
Ochenta y dos vidas apagadas, ochenta y dos historias truncadas, ochenta y dos nombres que —de nuevo— corren el riesgo de diluirse entre el papeleo, los discursos y los “compromisos institucionales” que nunca llegan a concretarse.
La cifra ya no puede revertirse este año, pero sí puede marcar un punto de inflexión. Si no tomamos decisiones de fondo, 2026 será solo otro año de luto con estadísticas más altas y políticas más ineficaces.
Porque aquí no hablamos de casualidades ni de “casos aislados”. Hablamos de una estructura de impunidad que permite que los feminicidios sigan ocurriendo, de un sistema judicial que revictimiza y de gobiernos que cada mes “anuncian” nuevas estrategias que nacen muertas.
La violencia contra las mujeres en Juárez no es un problema de recursos, sino de prioridades. Cuando una sociedad normaliza la muerte, el verdadero asesinato ocurre mucho antes del crimen: en la indiferencia.
¿Seguiremos contando hasta 100 o despertaremos con 82 como el fondo del pozo? El llamado es simple: mujeres, denuncien sin miedo; autoridades, actúen sin excusas; ciudadanos, presionen sin pausas. Porque 82 es un grito que no calla, es el eco que nos obliga a responder antes de que sea 83.
En el plano nacional, el AIFA volvió a colocarse en el ojo del huracán —y no por sus vuelos internacionales, precisamente.
Una dura crítica publicada esta semana señala lo que muchos mexicanos ya perciben: el aeropuerto emblema del sexenio se convirtió en un símbolo de improvisación, costos inflados y falsas promesas.
Más que un proyecto de conectividad, el AIFA parece una piñata política, una obra que se presume más de lo que se usa y que, a tres años de su inauguración, sigue siendo ejemplo de cómo la propaganda puede más que la planeación.
Esa obra insignia de la 4T, que costó 75 mil millones de pesos y prometía ser el orgullo aéreo de México, se revela como un fiasco que ni los cohetes de piñata pueden salvar. La opinión que circula estos días lo pinta claro: inaugurado con fanfarria en 2022 como el “nuevo AICM”, el AIFA ha atraído solo 1.5 millones de pasajeros en tres años, contra los 50 millones anuales que se esperaban, dejando pistas vacías que parecen un estacionamiento de fantasmas y subsidios fiscales que sangran 15 mil millones al año para mantenerlo a flote.
¿Qué pasó? La ubicación en Zumpango, a 45 kilómetros de la CDMX y sin conexión de metro ni carretera eficiente, lo convierte en un calvario logístico que ahuyenta aerolíneas y pasajeros, con el 90% de sus vuelos siendo de carga militar o chárteres que no llenan salas. Aeroméxico y Volaris lo evitan como la peste, y los que aterrizan pagan con subsidios que Hacienda disfraza de “inversión estratégica”. Qué tunda tan merecida.
Mientras tanto, los aeropuertos del norte siguen saturados, las rutas se cancelan y las aerolíneas prefieren esquivar al elefante blanco que las obliga a volar con pérdidas.
Si el próximo gobierno quiere recuperar credibilidad, deberá entender que la infraestructura no se construye para las fotos, sino para el futuro.
Y hablando de eficiencia —o de su versión recaudatoria—, empresarios estadounidenses levantaron la voz: aseguran que el SAT mexicano actúa con más agresividad que el propio IRS.
Y no es poca cosa que lo digan desde el país donde la persecución fiscal es casi deporte nacional.
El reclamo se centra en que, lejos de facilitar la inversión o fomentar el cumplimiento voluntario, el SAT parece disfrutar la cacería, aplicando sanciones desproporcionadas y fiscalizaciones sin diálogo.
La American Chamber of Commerce (AmCham) y el Business Coordinating Council (BCC) soltaron el grito en una carta abierta: el SAT, con sus auditorías sorpresa, embargos preventivos y metas de recaudación que parecen retos imposibles, intimida a inversionistas gringos más que el IRS, que al menos da aviso antes de morder. “El SAT ha adoptado prácticas que generan incertidumbre jurídica y desalientan la inversión extranjera”, advirtieron, citando revisiones que congelan cuentas sin explicación y multas que escalan como la inflación local.
Paradójico: mientras el gobierno presume apertura económica, las reglas del juego se endurecen para quienes quieren jugar limpio.
Y ahí está la contradicción de este México que recauda con fuerza, pero administra con torpeza; que vigila con lupa, pero gasta con los ojos cerrados.
