Del 15 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 estará vigente el programa “Todos Pagamos el Agua”, que ofrece descuentos de hasta 100 por ciento en multas y recargos para usuarios domésticos, mixtos y comerciales. El esquema, impulsado por el Gobierno del Estado a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), busca facilitar la regularización de cuentas y fortalecer la cultura de pago.
El beneficio también contempla reducciones de hasta 90 por ciento en Agua, Drenaje y Saneamiento (ADS), y hasta 99 por ciento para instituciones públicas, que podrán acceder al programa hasta agosto de 2027. Cada Junta Municipal y Regional de Agua y Saneamiento (JMAS y JRAS) determinará los porcentajes específicos dentro de los márgenes establecidos por la JCAS.
El director ejecutivo de la dependencia, Mario Mata Carrasco, explicó que la estrategia pretende disminuir el rezago en la recaudación y garantizar recursos para invertir en obras hidráulicas, plantas tratadoras y redes modernas. Señaló que el cumplimiento oportuno de los pagos contribuye a mejorar el servicio y ampliar la cobertura en zonas que aún carecen de suministro regular.
En el estado existen más de 216 mil cuentas con adeudos superiores a seis meses, por lo que se prevé reducir al menos un 25 por ciento del rezago mediante este esquema. Mata Carrasco indicó que los usuarios que se acojan al programa deberán mantenerse al corriente durante los siguientes 12 meses, ya que el incumplimiento implicará la cancelación del convenio.
De acuerdo con datos de la JCAS, la cartera vencida estatal asciende a 8.6 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones corresponden a los sectores doméstico, comercial e industrial, y el resto a organismos públicos.
El presidente del Consejo del Agua, Óscar Ibáñez Hernández, recordó que durante la pandemia se suspendieron temporalmente los cobros para garantizar el abasto, aunque se solicitó a la población mantener sus pagos. Actualmente, informó, Ciudad Juárez concentra más de la mitad de la inversión estatal en infraestructura hídrica.
Por otra parte, la JCAS advirtió que las reformas propuestas a la Ley del Agua podrían modificar los criterios sobre la propiedad y transmisión de concesiones. Mata Carrasco señaló que las nuevas disposiciones deben revisarse para evitar incertidumbre jurídica entre productores e inversionistas. Mencionó que la dependencia mantiene diálogo con la Comisión Nacional del Agua y el Consejo de Cuenca del Río Bravo para analizar posibles ajustes y garantizar el cumplimiento de los derechos hídricos.
