Ciudad Juárez.- La extorsión ha dejado de ser un delito aislado y se ha convertido en un mecanismo de control económico que afecta gravemente a miles de comunidades, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Ante esta situación, el organismo empresarial demandó un cambio inmediato en la estrategia nacional de seguridad, alertando que este crimen impacta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al imponer cobros que destruyen empleos y obligan al desplazamiento forzado de familias.
Según cifras recientes, México ha registrado 8 mil 585 víctimas de extorsión en lo que va del año, lo que representa un aumento del 5.2% a nivel nacional y del 15.2% en municipios fronterizos, sin contar la cifra negra derivada del miedo a denunciar y la desconfianza hacia las instituciones. Coparmex consideró que este delito hoy decide quién puede trabajar, invertir o permanecer en una localidad, por lo que exigió una estrategia integral, más allá de ciclos políticos, y con una visión de Estado que desmonte redes de colusión entre crimen organizado y estructuras institucionales.
Entre las acciones urgentes, la organización pidió al Senado de la República dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, y llamó a congresos locales a armonizar leyes y presupuestos para fortalecer la capacidad de respuesta institucional. También solicitó a los gobiernos estatales y municipales depurar y profesionalizar a sus cuerpos policiales, pues sin presencia territorial ni corporaciones confiables, no hay estrategia de seguridad posible. Coparmex anunció que participará con diagnósticos territoriales, pactos locales por la paz y atención a víctimas, y concluyó que México no está condenado, pero necesita decisiones valientes y coordinación real.
