“Si esa persona tuviera privilegios, no habría sido trasladada a un penal federal”. Con esa frase, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, respondió a nuevas versiones que apuntan a presuntos beneficios y operaciones ilícitas dentro del Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez. Las declaraciones surgieron luego de que familiares de internos difundieran en redes cuestionamientos sobre cobros para ingresar artículos no permitidos.
En un grupo de Facebook administrado por allegados a personas privadas de la libertad, varios usuarios intercambiaron información sobre los supuestos pagos para introducir objetos prohibidos al penal. Entre los comentarios apareció una consulta sobre el “costo para entrar por aduana”, a la que otros participantes respondieron que esos montos dependen del área y que solo custodios pueden fijarlos.
Las capturas de pantalla que circularon en redes sociales reavivaron las versiones sobre presunta complicidad de personal operativo en el Cereso 3. En esas conversaciones se menciona que cada zona tiene tarifas distintas para el ingreso de mercancía restringida y que las negociaciones habitualmente se realizan a través de intermediarios dentro del mismo grupo.
Paralelamente, surgieron señalamientos que vinculan al penal con órdenes para cometer delitos en la ciudad, entre ellos secuestros. Durante un evento público, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, confirmó que hay carpetas en revisión relacionadas con reportes de casos instruidos desde centros penitenciarios y que la Fiscalía sigue esas líneas de investigación.
En contraste, Loya insistió en que no existen privilegios dentro de los reclusorios estatales y que las revisiones al interior del Cereso se realizan dos veces al mes con acompañamiento de la Guardia Nacional y la Sedena. Aseguró que cualquier interno señalado como líder ha sido trasladado a otros penales del estado o del país, lo que —dijo— refleja que no se mantienen condiciones especiales para nadie.
El funcionario también rechazó que las extorsiones telefónicas reportadas en Ciudad Juárez provengan del Cereso 3. Según su dicho, no se ha detectado una sola llamada extorsiva originada desde un penal de Chihuahua, pues los casos recientes han sido rastreados a otros estados.
Mientras los comentarios continúan activos en redes sociales, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre los casos señalados y la SSP Estatal sostiene los operativos de supervisión en el penal. En el entorno digital, las dudas persisten; en el institucional, ambas dependencias afirman que los procesos siguen en curso.
