Ciudad Juárez.- Lo que comenzó como una alerta de padres preocupados por el comportamiento de sus hijos terminó convirtiéndose en uno de los casos más delicados que ha enfrentado el sistema judicial en esta frontera. En 2023, un grupo de familias denunció ante la Fiscalía que niñas y niños menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en la guardería Techo Comunitario, un centro subrogado por el IMSS ubicado en la colonia Toribio Ortega.
Las investigaciones se centraron en Naomi Yamilé R. P., trabajadora del lugar, a quien se acusó de realizar tocamientos con fines lascivos entre agosto de 2021 y junio de 2023 a menores de entre 45 días de nacidos y dos años. Las primeras diligencias periciales y testimonios infantiles fueron suficientes para abrir un expediente penal, aunque la guardería continuó operando durante semanas tras la denuncia inicial, lo que encendió alarmas entre las familias. En total, se presentaron 26 denuncias en contra de la misma trabajadora.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y a la Familia (FEM) inició los procesos penales, pero desde el inicio el caso estuvo marcado por retrasos, aplazamientos y decisiones controvertidas. Naomi Yamilé fue vinculada a proceso, pero obtuvo un amparo que evitó su detención preventiva. En total, enfrentó cuatro juicios orales. Los tres primeros concluyeron en absoluciones, con jueces que reconocieron la existencia del hecho, pero señalaron deficiencias en las pruebas para acreditar su responsabilidad penal.
Los jueces Jesús Manuel Medina Parra, Claudia Domínguez Curiel y Nancy Denisse Jiménez Aguirre emitieron estos fallos entre junio y octubre de 2025. Durante ese tiempo, se señalaron fallas en los dictámenes médicos, omisiones periciales, e incluso se dio vista para investigar a servidoras públicas por posibles irregularidades. Los padres denunciaron que se trataba de una cadena de impunidad institucional.
Además, en septiembre de 2025, el juicio oral número 137/2025 fue pospuesto luego de que el abogado defensor de Naomi, Luis Flores Santillán, fuera designado juez de control, generando inconformidad entre las víctimas indirectas. La falta de previsión para esta transición fue vista como otra muestra del desgaste institucional.
Una semana después, el 18 de septiembre, la jueza Nancy Denisse Jiménez Aguirre ordenó restringir el acceso a medios en una de las audiencias, lo que generó críticas por limitar la transparencia pública del proceso.
El 19 de noviembre de 2025 dio inicio el cuarto juicio oral. Esta vez, el Ministerio Público presentó pruebas reforzadas y una nueva narrativa que logró convencer al juez Christian Jonathan Gasca Núñez. El 3 de diciembre, se anunció el primer fallo condenatorio contra Naomi Yamilé, al acreditarse más allá de toda duda razonable que realizó tocamientos de carácter sexual a un niño a su cuidado. Las audiencias se celebraron con público, salvo aquellas en las que declararon el menor y su madre, reservadas bajo perspectiva de infancia.
Pero el caso no se ha limitado a las salas de audiencia. El 22 de julio de 2024, fue asesinado el abogado penalista César Gaspar Castañeda Candelaria, uno de los 36 abogados que asumieron la defensa de la acusada. Iba acompañado de su hijo cuando fue atacado a tiros por personas a bordo de una camioneta. La Fiscalía informó que desconoce el móvil del crimen, mientras los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez expresaron temor por la falta de avances en la investigación. Este hecho agravó el clima de tensión en torno al caso.
Durante el proceso también se acusó a Naomi Yamilé de haber tomado fotografías y videos de los menores, lo que llevó a algunos padres a sospechar que podría estar relacionada con una red de pornografía infantil. Aunque este punto no se ha judicializado, alimentó el rechazo social y la presión sobre las autoridades. Colectivos como Casa Amiga han exigido que se fortalezcan los estándares de investigación y se garanticen procesos sin revictimización.
Con una condena dictada pero otras causas aún en curso, el caso se mantiene abierto. Faltan las etapas de individualización de sanción, apelaciones y reparación del daño. El juicio, más allá de su desenlace jurídico, ha dejado expuestas las fallas estructurales del sistema, la fragilidad de las víctimas ante procesos prolongados y la vulnerabilidad de quienes participan, incluso como defensores. El caso Techo Comunitario se convirtió en un espejo incómodo que refleja los vacíos de justicia en contextos donde la niñez debería estar más protegida que nunca.
