El gobierno de Israel oficializó este viernes 2 de enero de 2026 la suspensión de licencias para 37 organizaciones internacionales de ayuda, incluyendo a gigantes humanitarios como Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados. La medida responde a una nueva reglamentación del Ministerio de la Diáspora que exige la entrega de listas detalladas con los nombres de todos sus empleados bajo el argumento de evitar la infiltración de “operadores terroristas” en las labores de asistencia.
A pesar de que el plazo venció a la medianoche del miércoles, instituciones como MSF se negaron a proporcionar dicha información al no recibir garantías de seguridad ni aclaraciones sobre el uso que se daría a los datos personales de sus trabajadores. Esta decisión ha provocado una condena unánime de la ONU y la Unión Europea, quienes advierten sobre un colapso inminente en la distribución de insumos básicos para una población que ya enfrenta carencias extremas tras dos años de hostilidades.
Las consecuencias de este bloqueo administrativo amenazan con ralentizar aún más la entrada de ayuda al enclave palestino, donde el frágil cese al fuego pactado en octubre de 2025 no ha logrado normalizar el flujo logístico. Aunque el acuerdo estipulaba el ingreso de 600 camiones diarios, organismos internacionales reportan que apenas entre 100 y 300 logran cruzar la frontera, cifra que podría desplomarse ante la ausencia de las ONG ahora proscritas. Hamás calificó la acción israelí como un “comportamiento criminal” y un desprecio flagrante por el sistema humanitario, mientras las organizaciones afectadas defienden sus políticas internas de transparencia y neutralidad. Con este endurecimiento de las normas de control, el inicio de 2026 se perfila como un periodo de alta tensión diplomática y una crisis de supervivencia para los habitantes de Gaza, quienes dependen casi exclusivamente de la asistencia que estas entidades brindan en el terreno.
