En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ciudad Juárez volvió a aparecer en el mapa nacional. Esta vez, para destacar las acciones de seguridad que —según el informe federal— han logrado reducir en un 15% los homicidios dolosos en la frontera.
Coordinación interinstitucional, presencia operativa, mesas de paz que se reúnen como si fueran club de lectura, resultados medibles: todo muy bonito en la pantalla, con gráficos y cifras. El mensaje fue claro: Juárez importa y está siendo atendido.
El problema no es lo que se dice en Palacio Nacional. El problema es lo que ocurre, casi de inmediato, en la calle y a pocas horas de lo mencionado por la presidenta de México.
Porque mientras desde la tribuna presidencial se subraya el avance en materia de seguridad, en uno de los corredores comerciales más transitados de la ciudad la violencia irrumpió a plena luz del día. Una emboscada directa contra agentes estatales terminó con la vida de un policía de la SSPE. Un ataque de alto calibre, planeado, ejecutado con precisión y sin miedo al entorno urbano.
Ahí es donde el discurso choca con la realidad. No porque no existan esfuerzos, sino porque la criminalidad sigue demostrando capacidad operativa, audacia y control territorial en momentos y espacios donde, en teoría, el Estado debería tener el mando absoluto.
Es cierto: hubo una reacción inmediata. Siete personas fueron detenidas como presuntos involucrados en el ataque. La respuesta institucional fue rápida, coordinada y contundente. Eso cuenta. Pero también cuenta —y pesa— que los criminales se hayan sentido con la libertad suficiente para ejecutar una emboscada en una zona comercial, en horario activo, sabiendo que el impacto mediático sería inevitable.
Juárez vive, una vez más, esa dualidad incómoda: avances en estrategia, retrocesos en percepción. Operativos que se anuncian, pero balas que siguen marcando la agenda local. Reconocimientos desde el centro del país, mientras la presidenta presume mesas de paz desde el máximo estrado del Ejecutivo, Juárez entierra a uno de los suyos y se pregunta: ¿cuándo las acciones de seguridad dejan de ser titulares y empiezan a ser reales?
Y hablando de realidades que duelen, Rogelio González Alcocer anda con el pañal puesto y el susto en el cuerpo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Juárez sabe que le puede tronar la bomba en cualquier momento por el presunto pacto que permitió el incremento extraordinario del 1% en el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) para 2026.
Ese “pequeño” aumento —que los empresarios pagarán sin chistar— se aprobó en silencio, con la complicidad de varios que hoy se hacen los ofendidos. Pero la traición tiene patas cortas: a la salida de CANACINTRA y de los agentes aduanales, podrían irse también los transportistas, DENAC e INDEX, dejando al CCE más solo que santo en procesión.
Rogelio lo sabe: cuando los grandes se arrodillaron ante los gobiernos en lugar de defender a los industriales, dejaron muy mal parados a varios de los suyos. Los brillantes empresarios —esos que en privado se quejan de todo y en público aplauden— fueron pusilánimes y les faltó oficio en el cabildeo. Les temblaron las corvas cuando tocaba sacar pecho. Prefirieron el sillón cómodo del acuerdo a la trinchera incómoda de la defensa.
Ahora, con el agua al cuello por el ISN, el CCE podría quedarse sin aliados y con Rogelio como chivo expiatorio. Porque en Juárez, los empresarios no perdonan a quien los representa mal; solo perdonan a quien les ahorra impuestos.
Porque en esta frontera, donde todo se mide, lo que cuenta no es cuánto se presume ni cuánto se cobra: es cuánto se protege y cuánto se defiende.
Y esto apenas comienza.
