Ciudad Juárez. La confrontación entre el senador Javier Corral y el Gobierno del Estado volvió a intensificarse luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró una cabaña propiedad del legislador en la Sierra Tarahumara como parte de una investigación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos ocurrido en su administración estatal. Corral respondió que la medida carece de validez y la atribuyó a una estrategia política. Añadió que jueces federales han determinado que la fiscalía estatal no es competente para llevar el caso y anticipó que esta acción tendrá respuesta legal. Sus declaraciones formaron parte de una serie de críticas dirigidas a la actuación de la autoridad estatal en el caso de Javier Corral.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que viajará a la Ciudad de México para revisar el expediente con la Fiscalía General de la República, luego de que un tribunal ordenó que el proceso continúe en el ámbito federal. Consideró que el tema debe resolverse jurídicamente y reiteró la importancia de eliminar privilegios cuando existen señalamientos relacionados con recursos públicos. El origen del caso proviene de observaciones de la Auditoría Superior del Estado sobre un contrato asignado durante el sexenio anterior sin evidencias suficientes de los servicios prestados.
La Fiscalía Anticorrupción indicó que la resolución federal solo aclara un tema competencial y no aborda el fondo de la acusación. El expediente permanece bajo una suspensión definitiva concedida por un juzgado y se vincula con la orden de aprehensión que se intentó ejecutar en agosto de 2024, días antes de que Corral asumiera como senador. La disputa continúa entre instancias estatales y federales mientras el proceso permanece en revisión.
