Ciudad Juárez.- El Juzgado Séptimo de Distrito resolvió que el hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud no configura delito penal, por lo que ordenó la liberación de su propietario, quien permanecía en prisión preventiva desde el 30 de junio de 2025.
El juez Luis Eduardo Rivas Martínez determinó que no se actualizan los verbos rectores de “ocultar” ni “conservar ilegalmente” cadáveres, figuras bajo las cuales se había vinculado a proceso a José Luis A. C. Al no encuadrar la conducta en el tipo penal, dejó sin efecto la medida cautelar que lo mantenía recluido.
La investigación inicial sostenía que entre marzo de 2022 y junio de 2025, en el inmueble ubicado en Granjas Polo Gamboa, se mantuvieron 383 cuerpos en estado de descomposición, apilados en distintas habitaciones y sin condiciones adecuadas de preservación. El hallazgo ocurrió el 27 de junio de 2025 tras una llamada de alerta, lo que derivó en un operativo que movilizó a la Fiscalía y obligó al traslado de los restos al Servicio Médico Forense, incluso con apoyo de tráileres refrigerados.
Sin embargo, la resolución judicial estableció que la actividad propia de un crematorio implica el resguardo interno de cuerpos y que el retraso en las cremaciones puede constituir, en su caso, una falta administrativa y no un delito penal. La defensa argumentó además que el establecimiento contaba con aviso de funcionamiento y que irregularidades detectadas en una visita sanitaria en 2022 ya habían sido sancionadas por la autoridad correspondiente.
Según los abogados del dueño del crematorio, la autoridad judicial determinó que el resguardo de cuerpos forma parte de la operación habitual de un crematorio y que el establecimiento contaba con el aviso de funcionamiento correspondiente, por lo que cualquier retraso en la cremación constituiría, en su caso, una falta administrativa previamente sancionada por la autoridad sanitaria y no un delito. El despacho sostuvo que la resolución reafirma el principio de legalidad y la correcta aplicación del derecho penal.
Tras conocerse la resolución, la Fiscalía General del Estado informó que promoverá una revisión del amparo. Mientras tanto, familiares de personas cuyos restos fueron localizados en el inmueble se manifestaron afuera del Cereso No. 3, donde aguardaban la liberación. En un comunicado, calificaron la decisión como una “burla” y solicitaron la intervención del Gobierno Federal, así como la atracción del caso por la Fiscalía General de la República.
Las familias sostienen que el manejo indigno de restos humanos y la presunta entrega de cenizas falsas no puede reducirse a una irregularidad administrativa. El proceso continuará ahora en la vía de los recursos legales que interpongan las autoridades.
