La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería ser más transparente tanto en su desempeño institucional como en el manejo de sus recursos públicos.
Pese a reconocer el trabajo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, la mandataria enfatizó que cualquier organismo debería priorizar la apertura de datos ante la ciudadanía. E stas declaraciones surgen tras ser cuestionada por el drástico aumento en las resoluciones negativas a solicitudes de transparencia emitidas por el órgano electoral en los últimos meses.
Entre abril y diciembre de 2025, el INE registró 179 negativas de información bajo el argumento de “confidencialidad”, una cifra que duplica lo reportado en el mismo periodo de 2024. E ste incremento es cinco veces mayor a las 32 resoluciones de reserva emitidas en el mismo lapso de 2021, evidenciando un cambio drástico en la política de acceso a la información del instituto.
La gestión de Taddei ha sido señalada por recurrir con mayor frecuencia a sellar documentos que, según expertos, podrían difundirse en versiones públicas sin comprometer datos sensibles.+1
Al ser consultada sobre este fenómeno, Sheinbaum sugirió que el propio INE y sus diversas comisiones deben dar una explicación detallada sobre los motivos para reservar datos específicos. “D esde mi punto de vista, mientras más transparente sea, mejor”, insistió la mandataria, deslindando la responsabilidad directa de la presidencia del instituto pero remarcando la necesidad de rendición de cuentas.
La opacidad detectada coincide temporalmente con el proceso de desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), lo que ha encendido alarmas sobre el futuro del derecho a saber en el país.
El panorama actual coloca al INE en el centro del debate sobre la autonomía y la transparencia, especialmente por el uso de la figura de confidencialidad en temas administrativos y de gasto. Aunque la presidenta Sheinbaum calificó como “buen trabajo” lo realizado por el organismo en el periodo reciente, la crítica hacia la reserva de archivos marca una línea de exigencia desde el Ejecutivo. L a sociedad civil y diversos sectores políticos esperan que el instituto aclare si este cerco informativo responde a criterios técnicos o a una nueva directriz política interna.
