La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua manifestó su respaldo absoluto al posicionamiento institucional emitido durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Este pronunciamiento surge tras la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa respecto al Conflicto Competencial 20/2025.
La dependencia, en su calidad de integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, enfatizó la importancia de mantener la integridad de los procesos judiciales frente a posibles injerencias externas.
El titular de la SFP, Roberto Javier Fierro, calificó como lamentable cualquier actuación que vulnere el ejercicio institucional, especialmente dentro de los organismos encargados de la rendición de cuentas. Fierro subrayó que resulta inadmisible el uso de argumentos de atracción o competencia para intentar reclasificar carpetas de investigación con el fin de favorecer intereses particulares.
Esta postura busca frenar intentos de manipulación en los cursos legales que podrían debilitar la lucha contra la corrupción en la entidad.
La Secretaría señaló que es una responsabilidad irrenunciable del gobierno resguardar el Estado de Derecho y garantizar la autonomía de las instituciones de procuración de justicia.
La dependencia reafirmó que la legalidad debe prevalecer sobre cualquier pretensión política o privada que busque modificar resoluciones técnicas.
En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado se comprometió a actuar con firmeza y estricto apego a la ley para salvaguardar la institucionalidad y el interés público de los chihuahuenses.
F inalmente, la SFP refrendó su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción como el mecanismo fundamental para asegurar la integridad en el servicio público.
La institución aseguró que respetará las resoluciones judiciales, pero siempre bajo una vigilancia activa que promueva la transparencia y el combate frontal a la impunidad. Con este respaldo, el Gobierno del Estado busca consolidar un frente unido que proteja la autonomía de las instancias de fiscalización frente a conflictos competenciales que busquen diluir responsabilidades administrativas o penales.
