La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 431 votos a favor, una reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal que redefine el delito de abuso sexual. La modificación establece que este delito comprenderá cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, incluyendo tocamientos, caricias y exhibiciones explícitas, los cuales ahora se perseguirán de oficio.
El diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la ley deja atrás ambigüedades técnicas que favorecían la impunidad, centrando la responsabilidad jurídica exclusivamente en la conducta del agresor y no en la resistencia de la víctima.
A pesar del consenso en la votación, la sesión estuvo marcada por fuertes críticas de la oposición y de integrantes de la coalición oficialista. La diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, cuestionó que la reforma fije penas iniciales de tres a siete años, señalando que estas sanciones resultan insuficientes para casos de extrema gravedad, como el abuso de menores.
Por su parte, legisladoras de Movimiento Ciudadano y el PAN recordaron casos recientes de impunidad y denunciaron que leyes robustas carecen de impacto real si no se acompañan de un presupuesto adecuado para la atención a víctimas y de instituciones valientes que ejecuten la ley sin distinción de fueros o filiaciones políticas.
Desde la bancada de Morena, las diputadas Julieta Vences y María Luisa Mendoza defendieron el dictamen como un avance fundamental y perfectible. Explicaron que, aunque la pena base parece menor, se contempla un esquema de 12 agravantes que permitirán aumentar la sanción conforme a la gravedad de cada caso particular.
Con este cambio legislativo, se busca enviar un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia sexual en México, eliminando el silencio histórico impuesto a mujeres y menores. Tras su aprobación en lo general y lo particular, el decreto fue turnado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
Este paso legislativo representa un ajuste necesario ante la exigencia social de justicia para las víctimas de agresiones sexuales en el país.
Las diversas bancadas coincidieron en que el siguiente reto será garantizar que el Poder Judicial aplique estos criterios con sentido común y perspectiva de género, evitando que tecnicismos legales permitan la liberación de agresores. La reforma entra ahora en su fase final para convertirse en ley vigente, estableciendo un nuevo marco de protección que prioriza la integridad física y psicológica de los ciudadanos por encima de cualquier interpretación subjetiva sobre el consentimiento.
