Un juez del Poder Judicial del Estado de México sentenció a seis años de cárcel a Víctor N por el delito de despojo cometido en contra de Mariana Santana, hija de María Carlota, conocida como la abuelita sicaria de Chalco. Durante un juicio abreviado, el ahora sentenciado reconoció su responsabilidad en los hechos ocurridos en marzo de 2025 dentro de la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe. Tras admitir su culpabilidad, el acusado ofreció una disculpa pública a la propietaria del inmueble a través de una carta donde aceptó haber incurrido en una ocupación indebida.
La investigación estableció que el 27 de marzo de 2025, el sentenciado formó parte de un grupo de cinco personas que forzaron cerraduras y protecciones para invadir el predio. De acuerdo con las autoridades locales, Víctor N ha sido señalado como presunto integrante del Sindicato 22 de Octubre, una organización vinculada por la prensa del país a actividades ilícitas en la zona oriente del Estado de México, tales como extorsión, secuestro exprés y narcomenudeo. Esta condena se suma a los esfuerzos por desarticular grupos dedicados al despojo violento de viviendas en la región.
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia impuesta incluye el pago de una multa de 16 mil 971 pesos, así como la reparación del daño moral y material que supera los 25 mil pesos en conjunto. El juez también ordenó la devolución inmediata del inmueble a Mariana Santana, quien es descendiente de la mujer que cobró notoriedad por defender su propiedad contra invasores en el pasado. Con este fallo, el sistema judicial busca resarcir los daños patrimoniales causados a la víctima durante la ocupación ilegal del departamento.
El caso ha mantenido el interés público debido a los antecedentes de la familia Santana y el historial de violencia en la zona de Chalco. Sin embargo, en esta ocasión el proceso se resolvió mediante los canales institucionales, logrando una condena que enfatiza la ilegalidad de las acciones de ocupación forzosa. Las autoridades mexiquenses reiteraron que mantienen vigilancia sobre este tipo de agrupaciones para prevenir nuevos casos de despojo y garantizar la seguridad jurídica de los habitantes en las unidades habitacionales.
