La Fiscalía General del Estado de Oaxaca concretó la detención de E.J.B.Z., jefe del Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, sumando así tres servidores públicos bajo custodia por el fallecimiento de dos hermanas de origen haitiano. La aprehensión del funcionario, quien laboraba en este centro de tránsito del Sistema DIF Estatal, se deriva de peritajes científicos y declaraciones ministeriales que establecen su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 24 de febrero.
Esta acción se suma a la destitución y puesta a disposición de la directora del albergue y de la coordinadora de Albergues, en un intento de las autoridades por esclarecer las condiciones de omisión o negligencia que rodearon la muerte de las menores.
El caso ha escalado tras graves denuncias de trabajadores del recinto, quienes revelaron un entorno de presunta explotación infantil y maltrato psicológico sistemático dentro de la institución. Según los testimonios recabados, el personal obligaba a los niños y niñas a preparar alimentos para su venta en la vía pública, utilizando el encierro como castigo e intimidación ante cualquier negativa.
Pese a estas acusaciones, el Gobierno de Oaxaca sostuvo inicialmente que la Defensoría de los Derechos Humanos no había detectado irregularidades en visitas previas, una postura que ha sido cuestionada tras el fatal desenlace de las dos hermanas que permanecían albergadas junto a su familia.
Ante la gravedad del incidente, la procuradora Yarib Hernández anunció una revisión integral de la infraestructura y los protocolos de supervisión en todos los centros asistenciales del estado para evitar nuevas omisiones. La Fiscalía estatal intensificó los trabajos periciales, incluyendo dictámenes médicos y reconstrucciones de hechos bajo el Código Penal vigente, con el fin de determinar científicamente la causa de muerte de las pequeñas.
La administración estatal ha tenido que endurecer su postura frente a las críticas por la falta de vigilancia en un espacio destinado a la protección de población migrante vulnerable.
De manera paralela, las autoridades coordinan medidas de atención psicológica y apoyo migratorio para la familia de las víctimas, buscando facilitar el traslado de parientes y preservar la cohesión del núcleo afectado.
La Fiscalía reiteró que la investigación se desarrolla con un enfoque de derechos de la infancia y perspectiva de género, prometiendo que no habrá impunidad para los funcionarios implicados. Mientras tanto, el fallecimiento de las menores ha puesto bajo el escrutinio público la operación de la Casa Hogar “Patos”, evidenciando la urgencia de reformas profundas en el sistema de protección a la niñez migrante en la entidad.
