La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Jorge Alberto Z., tras acreditarse su responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de su hija de tan solo 4 años de edad. Los hechos, que conmocionaron al municipio de Puruándiro, fueron resueltos mediante un mecanismo de justicia alternativa previsto en la ley mexicana.
Contexto y desarrollo del caso
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la agresión ocurrió en marzo de 2025 al interior del domicilio familiar. Tras detectarse el abuso, se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de La Piedad, instancia que integró la carpeta de investigación con pruebas periciales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad del ahora sentenciado.
La cronología procesal del caso se detalla a continuación:
- Investigación y captura: Tras recabar los datos de prueba, la autoridad obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes de investigación.
- Vinculación: Un Juez de Control dictó vinculación a proceso e impuso la medida de prisión preventiva oficiosa dada la gravedad del delito.
- Procedimiento abreviado: Jorge Alberto Z. optó por reconocer voluntariamente su culpabilidad para agilizar la resolución del juicio, lo que derivó en la sentencia definitiva de una década tras las rejas.
El Procedimiento Abreviado en el sistema penal
Este caso se resolvió bajo la figura del procedimiento abreviado, una herramienta del sistema de justicia penal en México que permite terminar el proceso de forma anticipada. Para que este mecanismo sea válido, se requiere que:
- El Ministerio Público solicite la apertura tras considerar que tiene pruebas suficientes.
- El imputado admita su responsabilidad en el delito que se le imputa.
- El imputado acepte ser juzgado con base en los datos de prueba recabados en la investigación preliminar.
La FGE Michoacán reiteró que este tipo de sentencias forman parte de su estrategia de “tolerancia cero” ante delitos cometidos contra la infancia y la adolescencia. Con la conclusión de este caso, el sentenciado deberá purgar su condena en un centro de reinserción social estatal, garantizando el acceso a la justicia para la víctima indirecta y el núcleo familiar afectado.
