Un juez de control dictó la libertad para 24 de las 33 personas que fueron detenidas el pasado 12 de febrero durante el operativo de restitución de la planta cementera en Tula de Allende, Hidalgo.
La resolución se dio bajo la figura jurídica de suspensión condicional del proceso, lo que permite a los imputados enfrentar sus cargos fuera de prisión a cambio de cumplir estrictas reglas de conducta.
El operativo original fue ejecutado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en apoyo a una orden judicial para devolver la posesión de las instalaciones a la actual administración de la cooperativa.
Condiciones impuestas por el juez
Para mantener su libertad y evitar que el juicio se reanude, los 24 liberados deberán cumplir con las siguientes medidas cautelares durante los próximos dos años:
* Restricción de acceso: Tienen estrictamente prohibido acercarse a las plantas de la Cooperativa La Cruz Azul en Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, así como a las oficinas corporativas en la Ciudad de México.
* Servicio Comunitario: Deberán realizar tres horas semanales de labor social en el municipio de Tula de Allende.
* Control Judicial: Tienen la obligación de firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares y no pueden abandonar el estado sin previa autorización judicial.
* Residencia: Deben habitar exclusivamente en el domicilio que registraron ante la autoridad durante la investigación.
Futuro del proceso penal
La suspensión condicional funciona como una pausa temporal al juicio. Si los involucrados cumplen con todas las disposiciones y se logra la reparación del daño en el plazo de dos años, el juez ordenará el sobreseimiento del caso, lo que significa el cierre definitivo del expediente y la extinción de la acción penal.
Por el contrario, cualquier falta a las reglas impuestas reactivará el proceso legal de inmediato hasta llegar a una sentencia.
