El Gobierno del Estado manifestó su desacuerdo con el amparo concedido el 13 de febrero que derivó en la liberación del propietario del Crematorio Plenitud y confirmó que la Fiscalía General del Estado interpuso una apelación para que el caso sea revisado por una instancia superior.
El representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, informó que la administración estatal considera que la resolución judicial no tomó en cuenta todos los elementos relacionados con la investigación y sostuvo que la prioridad es que se deslinden responsabilidades conforme a derecho.
Expuso que la decisión del juez federal generó una revisión inmediata por parte del área jurídica estatal y que se dará seguimiento al recurso presentado por la Fiscalía. Añadió que, en caso de que la apelación prospere, podría solicitarse una nueva orden de aprehensión, debido a que el propietario presuntamente se encuentra en Estados Unidos.
También dio a conocer que se analiza la posibilidad de promover un recurso para revisar la actuación del juzgador que otorgó el amparo, a través de los mecanismos legales disponibles.
En cuanto al contexto administrativo, señaló que se realizaron reuniones con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autoridades del sector salud y asociaciones de funerarias para revisar protocolos y disposiciones normativas aplicables a los servicios funerarios en Ciudad Juárez.
Indicó que el Ejecutivo estatal trabaja en una propuesta legislativa que permita fortalecer la supervisión y establecer medidas que reduzcan el riesgo de que se repitan hechos similares.
Un día antes, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos entregó un pliego petitorio al representante estatal, en el que se solicita la destitución de funcionarios por presuntas omisiones relacionadas con el caso. Ortiz Villegas precisó que dichas solicitudes deberán atenderse dentro de los procedimientos legales correspondientes.
Las investigaciones penales y administrativas continúan en desarrollo mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía.
