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Ciudad Juárez, Chih. México
2 de marzo 2026
8:03 pm

Dirección: Héctor Javier Mendoza Zubiate

Detienen al alcalde de Santa María Ipalapa y otros funcionarios por el homicidio de Alcalde

OAXACA DE JUÁREZ, Oax. — La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención del presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emmanuel Peláez Peláez, junto con la síndica municipal y dos elementos de la policía local. Los funcionarios son señalados por su presunta responsabilidad en el homicidio de Gerardo Leobardo Santos López, quien fuera alcalde de la misma demarcación, en un evento ocurrido en mayo de 2025 que las autoridades investigan como una probable ejecución extrajudicial.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 11 de mayo de 2025 policías municipales interceptaron al exalcalde siguiendo presuntas instrucciones directas del edil y la síndica. Durante el incidente, uno de los agentes accionó su arma de fuego contra Santos López, privándolo de la vida en el lugar. La carpeta de investigación sugiere que el uso de la fuerza pública fue desviado para cometer el ilícito, lo que motivó la intervención de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos.

El operativo de captura se llevó a cabo mediante una estrecha coordinación entre el Gabinete de Seguridad de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, con el apoyo tecnológico del C5i estatal. Además del alcalde Peláez Peláez, fueron aprehendidos la síndica identificada bajo las iniciales R.C.G. y los oficiales A.C.S. y A.H.S., quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Tras los arrestos de sus principales directivos, el Ayuntamiento de Santa María Ipalapa emitió un comunicado oficial en el que manifestó su respeto absoluto al Estado de Derecho y a las instituciones de procuración de justicia. La administración local aseguró a la población que las funciones operativas y la prestación de servicios públicos no se verán interrumpidas, garantizando la continuidad administrativa mientras se desarrollan los procesos legales correspondientes contra los servidores públicos involucrados.

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