El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU concluyó que el Estado mexicano vulneró los derechos humanos de 22 internas del CEFERESO 16, en Morelos, debido al uso excesivo y automático de la prisión preventiva oficiosa. El organismo internacional determinó que las mujeres permanecieron encarceladas durante años —algunas desde 2009— sin recibir una sentencia ni una revisión judicial de su medida cautelar, lo que contraviene los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia establecidos en tratados internacionales.
El dictamen destaca casos alarmantes, como el de tres mujeres que fueron absueltas tras pasar más de una década en prisión sin avances en sus procesos. La experta de la ONU, Erika Schläppi, señaló que la aplicación automática de esta medida impide evaluar las circunstancias individuales, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Según datos del comité, el 51.7% de las mujeres detenidas a nivel federal se encuentran bajo este régimen, una cifra superior a la de los hombres, lo que agrava su situación como principales cuidadoras y dificulta el contacto con sus familias debido a la lejanía de los centros federales.
Además de la situación jurídica, la investigación documentó deficiencias críticas en el CEFERESO 16, la única prisión federal exclusivamente femenina. El organismo denunció la falta de personal médico especializado, como ginecólogos y psiquiatras, vinculando esta carencia con tragedias como los 12 suicidios registrados en 2023 y la muerte de internas por falta de atención oportuna. El Comité CEDAW alertó que las recientes reformas constitucionales de 2024 y 2025, que amplían el catálogo de delitos para prisión automática, podrían perpetuar este problema estructural.
Ante estos hallazgos, la ONU instó a México a implementar reparaciones integrales para las 22 víctimas, incluyendo compensaciones económicas y atención médica especializada. Asimismo, recomendó reformar el marco legislativo para eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa y adoptar una perspectiva de género que priorice medidas alternativas a la reclusión, especialmente para mujeres con responsabilidades de cuidado.
