H. Cd. de Chihuahua.- Trabajadoras del área jurídica del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres acusan discriminación salarial, hostigamiento laboral y amenazas de despido. Mientras otras áreas recibieron aumento en 2026, el jurídico asegura llevar hasta 8 años sin incremento, pese a la alta carga de trabajo.
La denuncia también señala contratos cada 3 meses, falta de servicio médico y precariedad laboral, en una institución creada para combatir la violencia contra las mujeres:
A quien corresponda:
Escribo ya que en la dependencia donde trabajo he sido testigo de violencia laboral e institucional y discriminación hacía mis compañeras del departamento de jurídico del Centro de Atención a la Violencia contra las mujeres que depende del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, ya que a partir de enero de 2026 se nos hizo un aumento en el salario a la totalidad del personal de atención, a excepción del jurídico sin ninguna razón hasta la fecha teniendo una amenaza constante de despido hacia esa área, aunado al trato diferenciado que han recibido desde enero de 2026 cuando este departamento es fundamental y de suma importancia, como todos los demás, no solo para el funcionamiento del centro si no también para las mismas usuarias que acuden a él.
Les han incrementado la carga laboral con un hostigamiento constante hacia el personal del departamento jurídico por parte de la directora general, la coordinadora ejecutiva, la coordinadora administrativa y la jefa recursos humanos, con una violencia laboral de mujeres hacia mujeres cuando resulta incongruente con la misión del Instituto ya que somos un centro encargado de velar y luchar por la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Así mismo se hace mención que en esta institución carecemos de servicio médico, prestaciones y firmamos contratos cada 3 meses generando precariedad laboral solo en el personal de atención, pues los mandos altos y mandos medios, cuentan con sueldos mucho mayores a los nuestros y ni se diga ahora mucho mayores a los del área jurídica que como ya había mencionado siguen ganando lo mismo desde hace 8 años y sin el aumento que se nos dio a las demás áreas, cuando el personal jurídico cuenta con trabajadores con antigüedades que van desde los 7 a los 18 años sufriendo esta violencia laboral y recientemente más marcada, cabe mencionar que dicha problemática no solo es en el municipio de Chihuahua si no en todo el estado, ya que por esta razón el personal del municipio de Creel renunció, y los demás municipios tampoco cuentan a la fecha con aumento de sueldo al igual que el área jurídica de Chihuahua, lo que resulta contradictorio lo expuesto por la diputada Joss Vega ya que en diciembre de 2025 mencionó que logró reasignar 8.3 millones de pesos del presupuesto 2026 para fortalecer el Ichmujeres el cual iba a ser usado para el personal de los 11 centros de atención y aumentar el sueldo del personal que no ha recibido aumento desde el año 2018, siendo que no fue así ya que parte de este se utilizó para incrementar solo a los manos altos y medios los cuales ya tenían sueldos altos, y no solo para el personal de atención sin que repito, haya tenido aumento el área jurídica.
La pregunta es inevitable: ¿quién protege a las trabajadoras cuando la violencia ocurre dentro de la institución que debería defenderlas? (En Blanco y Negro)
