A una semana de los primeros avistamientos de chapopote en las costas del Golfo de México, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y comunidades locales alertaron que el impacto del derrame continúa expandiéndose. Actualmente, la emergencia socioambiental afecta a 39 comunidades a lo largo de 230 kilómetros de litoral, impactando gravemente áreas protegidas como la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas y la Laguna del Ostión.
Extensión de los daños y localidades afectadas
La contaminación se ha distribuido de la siguiente manera:
- Veracruz: 100 kilómetros afectados en 30 comunidades, incluyendo las playas de Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan, Catemaco y la Barra de Sontecomapan.
- Tabasco: 70 kilómetros dañados en nueve comunidades, con mayor concentración en Paraíso y Sánchez Magallanes.
Respuesta ciudadana frente a riesgos sanitarios
Ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades y Pemex, pobladores de comunidades como Jicacal se organizaron el pasado 7 de marzo para limpiar las playas por cuenta propia. Los pescadores y comerciantes realizan estas labores sin equipo de protección, capacitación ni herramientas adecuadas, lo que representa un riesgo alto para la salud debido a la exposición a sustancias potencialmente cancerígenas. Denuncian que, aunque existen acuerdos con la petrolera estatal, las brigadas oficiales aún no llegan a la mayoría de las zonas afectadas.
Impacto económico y ambiental
La emergencia ha paralizado las actividades económicas de la región:
- Pesca: Las redes han sido dañadas por el crudo y la actividad está suspendida, afectando el ingreso diario de familias indígenas y cooperativas.
- Ecosistemas en riesgo: Existe una preocupación crítica por los arrecifes de coral del suroeste del Golfo, los manglares y especies protegidas como el manatí y las tortugas marinas, que se encuentran en temporada de anidación en las playas contaminadas.
Exigencias de los afectados
El colectivo de organizaciones y científicos exige transparencia inmediata sobre el origen del derrame, la implementación de brigadas de limpieza bajo normas oficiales en todas las zonas impactadas y la instalación de centros de rehabilitación para fauna silvestre. Asimismo, demandan una indemnización integral para pescadores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos que han perdido su sustento económico debido a la contaminación.
