Ciudad Juárez.- La defensa y fuentes cercanas al caso señalaron que un abogado del despacho Legal Estudio Jurídico habría entregado un millón de pesos en efectivo al juez Luis Eduardo Rivas Martínez, del Juzgado Séptimo de Distrito, para favorecer a José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, en el amparo indirecto 746/2025.
Según los testimonios, la entrega del dinero se realizó en la residencia del juez hacia diciembre de 2025, fuera de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, y en enero de 2026 se habrían generado presiones para que se emitiera la resolución. En febrero, el juez dictó la sentencia que revocó la vinculación a proceso del acusado.
Tanto el abogado Manuel Pineda, del despacho Legal, como Rivas Martínez negaron los señalamientos. Pineda aseguró que su personal no conoce al juez en persona y que el amparo fue resuelto en tiempo y forma. El juez indicó que cualquier denuncia puede presentarse ante el Tribunal de Disciplina, aunque hasta ahora no se han registrado quejas formales.
El abogado señalado como responsable, Ismael Hernández Murga, trabaja desde diciembre de 2025 para Legal y negó haber participado en actos de corrupción, asegurando que no intervino en el caso del crematorio Plenitud.
La controversia también involucra al Segundo Tribunal Colegiado, que revocó el amparo en revisión en menos de 90 días, mientras que otro recurso relacionado no fue analizado. Pineda anunció que presentará quejas ante el Tribunal de Disciplina por estas inconsistencias y reiteró que su despacho no tuvo participación ilícita.
