La apertura de frentes judiciales en contra de la oposición, concretamente gobernadores de extracción contraria al gobierno de MORENA, ha sido una constante que ha aparecido como un asunto que se visualiza desde un ángulo de presión política para evitar el crecimiento de la oposición en México. La posibilidad de que la oposición ponga en riesgo las mayorías en Diputados, judicializar también tendrá el efecto de que MORENA siga conservando el poder en la mayoría de los 17 estados donde se renovará el Gobierno del Estado.
La última visualización de esto es el hecho del alcance procesal que la Fiscalía General de la República ha imputado a cinco exfuncionarios de un asunto denominado NEXT ENERGY. Estos acusados fueron funcionarios del gobierno de la Gobernadora TERESA JIMÉNEZ cuando fue alcaldesa en Aguascalientes. Si lo tomamos como un hecho aislado, ahí quedaría, pero muchos comentan que se busca hacer justicia coercitiva para aquellos que dilapiden los recursos públicos.
Pero si vemos de manera conjunta los procesos judiciales que se han emprendido contra la Gobernadora de Chihuahua, MARU CAMPOS, por un asunto de combate al crimen organizado donde participaron agentes extranjeros y otros adicionales, como la persecución específica en contra del Gobernador SAMUEL GARCÍA, la persecución que se hace también para el exgobernador de Baja California, ERNESTO RUFFO, los comentarios surgen de que se ve una tendencia para inclinar la opinión pública contra una oposición contaminada de corrupción. Vendrán cosas peores.
RAFAEL BOUCHART EN PROBLEMAS
Más obligado por las circunstancias que por querer hacerlo, CARLOS ORTIZ, representante de la Gobernadora MARU CAMPOS en Ciudad Juárez, se vio en la necesidad de hacer declaraciones con relación a la conducta desplegada por el encargado del Parque Central, RAFAEL BOUCHART, y de algunos de sus cercanos, donde se incluye a la novia de este funcionario. Juntos han venido actuando con prepotencia en el manejo del Parque, haciendo justicia por mano propia, destruyendo un vehículo de publicidad que promovía negocios de baja reputación.
El hecho de que CARLOS ORTIZ mencione específicamente que los espacios públicos le pertenecen a la sociedad y que no debió haberse realizado por parte del funcionario BOUCHART ese tipo de actitudes, visualiza que pronto será removido de su cargo por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, que encabeza en el estado el Secretario JESÚS SALVADOR CARRILLO, que por cierto no se ha dado ni una vuelta por Ciudad Juárez para ver cómo están las cosas en nuestro entorno. No todo es Chihuahua Capital con vidrio, aluminio y mármol; hay que venir al territorio para promover el desarrollo humano.
OMAR BAZÁN EN CONALEP BUSINESS
En un convenio raro, por decir lo menos, el Director General de CONALEP Chihuahua, OMAR BAZÁN FLORES, celebró un convenio con una escuela de preparatorias de las que ofertan la educación media superior en un periodo de cuatro meses y que, por supuesto, tienen naturaleza privada. Dijeron que se trata de un asunto que viene a contener la altísima demanda que tiene Juárez de espacios para jóvenes preparatorianos, que alcanza, según el Subsecretario de Educación en la Zona Norte, ROBERTO ANAYA, un déficit de 860 alumnos.
Pero de ahí a hacer un convenio a modo con empresas privadas que se dedican a ofertar la PREPA FAST TRACK y emitir un título en cuatro meses, difícilmente los jóvenes que se sometan a esos procedimientos pedagógicos educativos vayan a aprender algo. Solamente se les estará vendiendo un título, lo que no debe ser y no debe permitir la Secretaría de Educación y Deporte es que, con el pretexto de que tienen alta demanda y aprovechando la insuficiencia de planteles, vayan a certificar estudios de escuelas patito que no van a dejarle preparación a los educandos.
Parece bueno, pero es políticamente inadecuado solamente para salir del paso. Resulta contradictorio que se firme esta clase de convenios y se lance a los jóvenes a la educación privada, afectando a los estudiantes y a las familias juarenses con politiquería pura y dura.
