Los nombres de personas desaparecidas hace más de cinco décadas siguen formando parte de los registros que sus familias conservan, en algunos casos con el año en que dejaron de ser localizadas y con la exigencia de que sus historias no desaparezcan con el paso del tiempo.
Esa memoria fue llevada a un espacio público durante un acto realizado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde familiares plantearon transformar el lugar que actualmente ocupa el monumento a Óscar Flores Sánchez en un memorial para las personas desaparecidas.
La propuesta busca que los nombres de quienes fueron detenidos y desaparecieron durante el periodo de represión política de las décadas de 1960 y 1970 puedan permanecer visibles en un sitio dedicado a su memoria.
Judith Galarza Campos, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de la Guerra Sucia de México y presidenta de FEDEFAM México, explicó que los familiares han organizado los casos de acuerdo con el año en que ocurrieron.
Durante el acto mostraron una manta con los registros. Entre los nombres mencionados estuvieron Jacobo Gamis y Óscar Javier Gaitán, correspondientes a 1974, además de otros casos registrados en diferentes años.
“Nosotros tenemos, ustedes van a ver, aquí esta manta está por año”, explicó Galarza Campos al señalar el registro utilizado por la organización para identificar los casos documentados.
La activista señaló que los registros corresponden al periodo en que Óscar Flores Sánchez fue gobernador de Chihuahua y posteriormente procurador general de la República.
Galarza Campos sostuvo que las desapariciones documentadas por la organización ocurrieron por motivos políticos y estuvieron relacionadas, según su postura, con acciones dirigidas contra personas que buscaban organizarse y participar en movimientos sociales.
A partir de ese contexto, los familiares plantearon retirar el nombre y el monumento dedicado a Flores Sánchez para destinar el espacio a las víctimas de desaparición forzada.
“Nosotros queremos que le quiten el nombre”, expresó Galarza Campos al explicar la petición que pretenden impulsar.
La organización busca fundamentar la propuesta con instrumentos internacionales de protección a víctimas directas e indirectas de la represión por motivos políticos.
La iniciativa parte de una lista de nombres que las familias continúan conservando décadas después de las desapariciones. El planteamiento es llevar esos registros a un espacio público donde puedan permanecer vinculados con la memoria de quienes aún son buscados por sus familiares.
