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Ciudad Juárez, Chih. México
1 de octubre 2026
10:22 am

Dirección: Héctor Javier Mendoza Zubiate

Acusan parientes de acusado campaña de persecución mientras enfrenta proceso por agresión sexual

Ciudad Juárez.- Familiares de Mario Gabriel P. P., señalado en una investigación por presuntas agresiones sexuales contra su hija menor de edad, denunciaron hostigamiento, amenazas y exposición pública contra el comerciante y su entorno. Mediante una carta, pidieron intervención institucional y respeto a la presunción de inocencia.

La familia afirmó que la noche del martes apareció una cartulina con amenazas de muerte afuera de la vivienda de la madre del acusado. También aseguró que publicaciones en redes sociales muestran su rostro, negocios y domicilios acompañados de señalamientos como “se busca” y “violador”.

Los familiares responsabilizaron de esa difusión a la abogada Rebeca L., integrante del equipo que representa a la madre de la niña. Sostienen que esas acciones han generado un clima de persecución y temor para personas cercanas a Mario Gabriel.

El caso comenzó el 4 de agosto, cuando Nallely Elizabeth Briones Valenzuela presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM). La acusación incluye señalamientos por violación agravada y abuso sexual contra la hija de ambos.

La representación de la menor ha sostenido que existe una orden de aprehensión y que distintos juicios de amparo han impedido ejecutarla. La familia del acusado afirma que esos recursos forman parte de su derecho de defensa y que Mario Gabriel pretende comparecer ante el juez.

De acuerdo con los familiares, próximamente se celebrará una audiencia relacionada con el amparo promovido contra la orden de captura. Señalaron que esperan que el acusado pueda presentar su versión y aportar pruebas dentro del proceso.

La carta también acusa seguimiento a familiares, fotografías de viviendas y negocios, además de mensajes intimidatorios. La familia pidió que cesen las amenazas y que el caso se resuelva mediante el proceso judicial, sin campañas de presión pública.

Ambas partes mantienen versiones enfrentadas mientras la investigación continúa abierta y un juez deberá resolver los recursos pendientes.

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