Cuatro estampas de la política chihuahuense: una transformación que enfrenta protestas en sus hospitales, un gobierno municipal que propone cobrar más mientras la ciudadanía exige mejores servicios, un PAN que discute quién debe decidir sus candidaturas y una obra vial atrapada entre la necesidad de movilidad y la desconfianza ciudadana.
LA SALUD DE DINAMARCA… PERO CON LOS TRABAJADORES EN LA CALLE
Hay ironías políticas que parecen escritas por algún guionista particularmente perverso, y una de ellas es que, después de tantos años de prometer un sistema de salud comparable con los mejores del mundo, la llamada Cuarta Transformación tenga que contemplar cómo médicos, enfermeras y trabajadores del Seguro Social salen a las calles para exigir algo tan revolucionario como medicamentos, materiales para atender enfermos, salarios dignos y condiciones elementales para desempeñar sus funciones. Porque una cosa es presumir la transformación del sistema sanitario desde la comodidad de un escritorio y otra muy distinta es intentar practicarla frente a un paciente cuando faltan insumos, personal o equipo suficiente.
En Ciudad Juárez, la inconformidad dejó de ser un murmullo de pasillos hospitalarios para convertirse en manifestaciones, bloqueos y concentraciones públicas. El 13 de octubre, más de mil trabajadores del IMSS marcharon por distintas vialidades de la ciudad, mientras las protestas también alcanzaron Chihuahua capital, Cuauhtémoc y Parral. Los manifestantes denunciaron carencias de medicamentos y materiales, reclamaron mejores condiciones laborales y cuestionaron el acuerdo salarial y el régimen de jubilaciones.
Y aquí aparece una contradicción que merece algo más que una explicación burocrática: cuando quienes atienden a los enfermos tienen que abandonar sus horas de descanso para protestar por las condiciones en que trabajan, el problema ya no puede despacharse con una conferencia mañanera, una fotografía de inauguración o la promesa de que todo estará mejor el próximo año. El propio movimiento incorpora una disputa con la dirigencia sindical, lo que demuestra que las responsabilidades no se agotan en el Gobierno Federal; sin embargo, corresponde a las autoridades sanitarias garantizar que los hospitales dispongan de recursos suficientes para funcionar.
El IMSS sostiene que los servicios esenciales continúan operando y defiende un incremento salarial global del 6.8 %, mientras los inconformes reclaman una mejor propuesta y cuestionan sus condiciones laborales. La Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM ha destacado la construcción de hospitales y reconocido que persisten aspectos por mejorar. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero ningún edificio nuevo sustituye por sí mismo al personal suficiente ni a los insumos que requiere una unidad médica.
En cuanto al ISSSTE, cuya problemática laboral y presupuestaria también forma parte del debate nacional, conviene distinguir sus demandas y movilizaciones de las del IMSS, sin atribuirle automáticamente las mismas protestas registradas en Chihuahua. Pero la pregunta de fondo es compartida: ¿qué tan profunda puede llamarse una transformación si quienes deben materializarla siguen denunciando obstáculos para trabajar?
El costo político de esta crisis no se mide solamente en marchas o bloqueos. Se mide también en la distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de pacientes y trabajadores. Porque, en materia de salud pública, la propaganda puede resultar extraordinariamente saludable para la imagen gubernamental, pero todavía no existe evidencia de que sirva para surtir una receta.
EL PREDIAL DE JUÁREZ: PRIMERO PAGUE, DESPUÉS ESQUIVE EL BACHE
En Ciudad Juárez se prepara una actualización del impuesto predial para 2027, y la explicación de la Tesorería Municipal tiene una virtud indiscutible: es precisa al hablar de cuánto pretende cobrar, aunque eso no resuelva la pregunta que verdaderamente interesa al contribuyente, que es qué recibirá a cambio.
Según la propuesta difundida por el Ayuntamiento, el impacto promedio sería de 5.92 %, equivalente aproximadamente a 280 pesos adicionales, mientras más de 83 mil cuentas no registrarían aumento. Sin embargo, la información publicada en diversos medios, incluido el nuestro, señala que alrededor del 44 % de las cuentas tendría incrementos del 6.7 %, otro 37 % del 12.34 % y un 3 % superiores al 15 %. No todos pagarán lo mismo, ni el promedio describe adecuadamente la situación de cada propietario.
La actualización catastral puede tener fundamentos técnicos y las ciudades necesitan ingresos para financiar sus servicios. El problema político comienza cuando la ciudadanía compara la obligación de pagar con la calidad de lo que encuentra al salir de su casa: calles deterioradas, baches que obligan a maniobras peligrosas, quejas por la recolección de basura, luminarias que requieren atención y una preocupación persistente por la seguridad pública. Son problemas cuya magnitud debe medirse con indicadores verificables, pero que no desaparecen por el simple hecho de que la autoridad los omita en su explicación tributaria.
Para el Gobierno Municipal encabezado por HÉCTOR ORTIZ ORPINEL, y antes por CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, el debate adquiere una dimensión especialmente delicada por su coincidencia con el calendario electoral de 2027. El contribuyente puede comprender la necesidad de actualizar valores catastrales, pero también tiene derecho a exigir cuentas claras sobre pavimentación, mantenimiento, alumbrado, limpia y seguridad. No basta explicar que el aumento promedio será moderado; hace falta demostrar que la recaudación se traduce en resultados tangibles, porque una cosa sí es cierta: ese incremento le representa mayores ingresos a la Tesorería Municipal, y son muchos millones.
Y aquí surge la pregunta incómoda: si la administración municipal solicita un esfuerzo adicional a los propietarios, ¿qué compromisos concretos de mejoramiento urbano está dispuesta a asumir, con fechas, presupuestos e indicadores públicos? Porque el impuesto predial no es una aportación voluntaria a la buena voluntad de los funcionarios, sino una obligación fiscal que debe corresponderse con una gestión transparente y eficaz.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a estar a favor o en contra de cualquier incremento. Lo que está en juego es la credibilidad de un gobierno que necesita explicar por qué cobra lo que cobra y, sobre todo, en qué utiliza lo que ya recauda. Y eso no se resuelve anunciando descuentos por pronto pago mientras los automovilistas siguen preguntándose cuánto les costará la próxima visita al taller mecánico.
SANTIAGO TABOADA Y LA DEMOCRACIA PANISTA: TODOS PARTICIPAN, PERO EL CEN DECIDE
La democracia interna de los partidos políticos mexicanos tiene una peculiaridad fascinante: suele ser presentada como un principio irrenunciable hasta que llega el momento de practicarla, porque entonces aparecen los estrategas nacionales, los criterios de competitividad, las encuestas, los filtros cualitativos y una colección de procedimientos tan sofisticados que, al final, el militante puede terminar preguntándose para qué demonios sirve pertenecer a un partido si las decisiones fundamentales se toman en otra parte.
El ejemplo más reciente lo ofrece SANTIAGO TABOADA, Secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien este viernes 16 de octubre explicó en Chihuahua el procedimiento mediante el cual la dirigencia nacional intervendrá en la definición de las coordinaciones municipales de Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, demarcaciones que concentran más del 70 % de la lista nominal del Estado. El proceso contempla validación de aspirantes, revisión de elegibilidad, capacitación, respaldo ciudadano y evaluaciones cualitativas y cuantitativas.
La dirigencia argumenta que pretende identificar perfiles íntegros, competitivos y capaces de generar confianza ciudadana. Son objetivos legítimos, por supuesto, pero el problema comienza cuando esos criterios se convierten en sustitutos de la participación de los militantes, en lugar de complementarla. TABOADA afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional no sería rehén de presiones y defendió la aplicación de las reglas establecidas.
Aquí conviene hacer una distinción importante: que el CEN conduzca un procedimiento no significa automáticamente que se haya violado algún derecho estatutario, pero tampoco significa que la discusión democrática quede cancelada por decreto. La militancia tiene razones para exigir que se expliquen con precisión las reglas, los mecanismos de evaluación, la ponderación de los resultados y las posibilidades reales de participar en la selección de sus representantes.
Porque resulta bastante curioso que un partido cuya identidad histórica se construyó alrededor de la defensa de las instituciones, la participación ciudadana y los contrapesos al poder deba enfrentar ahora cuestionamientos sobre la concentración de decisiones dentro de su propia estructura.
Si la dirigencia considera que una elección interna resulta inconveniente, tendría que explicar por qué; si prefiere encuestas, debería transparentar su metodología; y si contempla designaciones, corresponde justificar las circunstancias que las hacen necesarias.
La discusión tiene una dimensión especialmente interesante en Chihuahua, donde los grupos internos no necesariamente comparten preferencias ni proyectos. Un procedimiento administrado desde la capital del país puede ofrecer uniformidad y reducir ciertos conflictos, pero también corre el riesgo de ser interpretado como una imposición si los participantes desconocen cómo se toman las decisiones.
TABOADA sostiene que no se trata de un concurso de popularidad, y en eso hay un punto atendible: ser conocido no equivale a contar con capacidad de gobierno, trayectoria ética o respaldo ciudadano sólido. Pero tampoco la valoración cualitativa debería convertirse en una misteriosa caja negra de la cual aparezcan nombres previamente seleccionados y después se solicite a los militantes que aplaudan con entusiasmo.
El PAN enfrenta, en consecuencia, una discusión que trasciende los nombres de sus aspirantes: cómo combinar disciplina institucional, apertura a la sociedad y democracia interna sin que alguno de esos principios termine convertido en simple decoración discursiva. La prueba no estará en la solemnidad de los comunicados del CEN, sino en la transparencia del procedimiento y en la posibilidad efectiva de que sus propios integrantes cuestionen las decisiones sin ser tratados como un estorbo.
Porque una democracia interna donde todos tienen derecho a opinar, pero solamente unos cuantos pueden decidir, corre el riesgo de parecerse demasiado a esas prácticas de concentración del poder que los propios partidos suelen denunciar cuando las ejercen sus adversarios.
EL PUENTE DE GÓMEZ MORÍN: ENTRE EL DERECHO A PROTESTAR Y LA OBLIGACIÓN DE PROPONER
Ciudad Juárez tiene una relación verdaderamente peculiar con las obras públicas: durante años puede reclamar soluciones a sus problemas de movilidad, pero cuando aparece un proyecto importante, comienza una discusión en la que frecuentemente resulta más sencillo encontrar objeciones que alternativas concretas, como si la ciudad pudiera resolver sus congestionamientos mediante una combinación de paciencia, buenas intenciones y el milagro de que los vehículos desaparezcan espontáneamente a las horas pico.
El proyecto del paso a desnivel en el cruce de Manuel Gómez Morín y Paseo de la Victoria, también identificado como Antonio J. Bermúdez, es promovido por el Gobierno del Estado mediante el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. La solución proyectada contempla un paso inferior de dos carriles por sentido y busca agilizar la circulación en uno de los cruceros importantes del sector. Por cierto, no se trata propiamente de un puente elevado, sino de una solución vial deprimida o subterránea.
La discusión técnica merece atención. Desarrollo Económico del Norte ha solicitado que la obra sea evaluada con criterios propios de un túnel, debido a sus características, y ha planteado inquietudes relacionadas con las curvas y la seguridad de vehículos pesados. Son observaciones específicas que requieren respuestas de ingeniería, no descalificaciones automáticas.
Sin embargo, también conviene examinar una práctica que aparece recurrentemente en los debates urbanos: convertir cada desacuerdo con una obra en una confrontación absoluta, como si solamente existieran dos alternativas: construir sin escuchar a nadie o impedir cualquier intervención. Ninguno de esos extremos constituye una política seria de desarrollo urbano.
Quienes cuestionan una obra tienen derecho a solicitar estudios de movilidad, impacto ambiental, seguridad vial, drenaje y costo-beneficio. Pero una oposición que pretenda trascender la protesta debería explicar también qué solución propone, cuánto costaría, cuánto tardaría y qué resultados ofrecería frente al problema existente. La pregunta no es solamente por qué no debe construirse un paso a desnivel, sino cómo se resolverá el congestionamiento si se descarta.
Y las autoridades tampoco quedan exentas del escrutinio. Corresponde al Gobierno del Estado demostrar que la solución elegida es técnicamente adecuada, que contempla las necesidades de peatones y personas con discapacidad, que no trasladará los embotellamientos a los cruceros siguientes y que contará con medidas suficientes de drenaje y seguridad. En una ciudad donde las lluvias han provocado cierres de pasos inferiores, la gestión del agua no puede tratarse como un detalle secundario.
Lo verdaderamente importante es impedir que la discusión termine convertida en una competencia de consignas. Ni una manifestación demuestra por sí sola que el proyecto sea perjudicial, ni una licitación acredita automáticamente que sea la mejor solución. La obra debe defenderse con estudios públicos, mientras que sus críticos tendrían que contrastar sus objeciones con información verificable.
Ciudad Juárez necesita infraestructura, mantenimiento y planeación de largo plazo. Necesita obras que mejoren efectivamente los tiempos de traslado, pero también ciudadanos capaces de vigilarlas sin que el debate quede reducido a un pleito entre funcionarios y opositores.
Porque protestar es un derecho democrático fundamental; lo que no debería convertirse en costumbre es que la discusión termine antes de presentar una alternativa. Y gobernar tampoco consiste en construir primero para explicar después.
Al final, el crucero de Gómez Morín y Paseo de la Victoria ofrece una oportunidad para demostrar que una ciudad puede debatir con rigor técnico sin renunciar a su desarrollo. Sería una novedad bastante saludable que, por una vez, la discusión no consistiera en averiguar quién grita más fuerte, sino en determinar qué solución permitirá circular mejor, con mayor seguridad y durante muchos años.
