- Morena 2027, muchos generales y una sola silla
- Marco Bonilla, la frontera también existe en el mapa político
- Maru Campos y Morena, Acusaciones que exigen pruebas
- Obras en Juárez: Concreto, maquinaria y paciencia ciudadana
- El Pinal y Jáuregui, cuando la cooperación internacional termina ante un juez
En Morena Chihuahua, las aspiraciones políticas empiezan a multiplicarse mientras las reglas internas siguen siendo motivo de discusión, porque una cosa es presumir unidad frente a las cámaras y otra muy distinta conseguir que los distintos grupos compartan responsabilidades, candidaturas y espacios de poder, sobre todo cuando el calendario electoral se aproxima y cada corriente quiere llegar a la mesa con la cuchara más grande.
Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez representan dos liderazgos con trayectorias, relaciones y plataformas políticas distintas, el primero desde el gobierno municipal de Ciudad Juárez y la segunda desde su actividad legislativa y partidista, una coexistencia que exige acuerdos si Morena pretende evitar que sus diferencias internas terminen convirtiéndose en un espectáculo de acusaciones y reclamos públicos.
El problema no consiste en que existan aspiraciones legítimas, sino en que las decisiones partidistas puedan interpretarse como arreglos entre grupos antes que como procesos transparentes, porque cuando los procedimientos no convencen a todos, cualquier designación puede convertirse en motivo de inconformidad y hasta los aliados comienzan a preguntar qué lugar les corresponde en el reparto.
El PT y el Partido Verde también tienen intereses propios y no necesariamente coincidentes con los de Morena, de manera que las negociaciones deberán resolver algo más complicado que una fotografía de dirigentes sonrientes, pues una coalición necesita acuerdos sobre programas, candidaturas y responsabilidades, no solamente discursos de fraternidad que duran lo mismo que un café de oficina.
Por lo pronto, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más interesante que el catálogo de aspirantes y sus respectivas porras, porque Chihuahua necesita propuestas sobre seguridad, agua, empleo, infraestructura y finanzas públicas, aunque por momentos parezca que la principal preocupación de la clase política consiste en averiguar quién se sienta primero y quién termina pagando la cuenta.
Marco Bonilla, la frontera también existe en el mapa político
Marco Bonilla ha intensificado sus actividades en Ciudad Juárez y sus encuentros con distintos sectores han colocado sobre la mesa asuntos como movilidad, seguridad, servicios públicos y disponibilidad de agua, temas que merecen una discusión seria porque los problemas fronterizos no se resuelven con discursos bien ensayados ni con fotografías frente a los monumentos de la ciudad.
Para el alcalde de Chihuahua capital, conocer de primera mano las necesidades juarenses representa una oportunidad de ampliar el diálogo político y presentar propuestas, aunque también implica someterse a preguntas incómodas sobre los resultados de su propia administración, porque quien ofrece soluciones para otra ciudad inevitablemente tendrá que explicar qué ha conseguido en la que actualmente gobierna.
Dentro del PAN, las actividades de sus principales figuras coinciden con una discusión sobre los mecanismos para seleccionar candidaturas y organizar sus estructuras, un asunto que puede parecer doméstico hasta que aparecen las inconformidades, pues los partidos suelen predicar democracia con enorme entusiasmo mientras descubren que consultar a la militancia resulta bastante más complicado que convocarla para llenar auditorios.
Ciudad Juárez no puede seguir apareciendo en los cálculos políticos únicamente cuando se acercan las elecciones, ya que su peso económico, demográfico y estratégico exige compromisos verificables y proyectos de largo plazo, especialmente en infraestructura, transporte, seguridad y desarrollo urbano, donde las promesas generales sirven de poco cuando llega la hora de presupuestar y ejecutar.
Bonilla tiene la oportunidad de convertir sus encuentros en una agenda concreta de propuestas para la frontera, pero deberá demostrar que sus visitas producen algo más que conversación política, porque en esta tierra abundan los discursos sobre el futuro y escasean las respuestas para los problemas del presente, así que obras son amores y no buenas razones.
Maru Campos y Morena, Acusaciones que exigen pruebas
La confrontación entre Maru Campos y distintos actores de Morena ha alcanzado un terreno particularmente delicado con las declaraciones de la gobernadora sobre presuntos vínculos entre figuras políticas y organizaciones criminales, señalamientos que no pueden tratarse como simples ocurrencias de sobremesa porque involucran asuntos de seguridad pública y posibles responsabilidades que requieren investigación.
Cruz Pérez Cuéllar ha anunciado acciones por presuntas calumnias y el intercambio político amenaza con convertirse en otro capítulo de enfrentamientos entre autoridades que deberían mantener canales de coordinación, porque una cosa es ejercer el derecho a denunciar y otra permitir que las diferencias partidistas interfieran en las obligaciones institucionales de proteger a la población.
Si existen elementos documentales que respalden las acusaciones, corresponde presentarlos ante las autoridades competentes y permitir que se investiguen conforme a derecho, pero si las declaraciones permanecen exclusivamente en el terreno de la disputa política, la ciudadanía terminará presenciando un intercambio de reproches que poco contribuye al esclarecimiento de los hechos.
Tampoco resulta razonable exigir silencio a quien formula una denuncia de interés público, especialmente cuando se refiere a posibles relaciones entre autoridades y grupos criminales, aunque esa libertad implica responsabilidades y exige distinguir entre información corroborada, indicios, testimonios y afirmaciones que todavía no han sido acreditadas.
Lo verdaderamente preocupante sería que una discusión de semejante gravedad terminara reducida a comunicados, conferencias y demandas cruzadas, mientras las instituciones encargadas de investigar permanecen fuera del debate, porque cuando se habla de delincuencia organizada lo que hace falta son expedientes sólidos y resultados judiciales, no una competencia para ver quién pronuncia la acusación más escandalosa.
Obras en Juárez: Concreto, maquinaria y paciencia ciudadana
El inicio de los pasos inferiores sobre el bulevar Francisco Villarreal Torres representa una intervención importante para la movilidad de Ciudad Juárez, una ciudad que durante décadas ha crecido con una infraestructura vial sometida a presiones cada vez mayores, especialmente en los corredores donde coinciden trabajadores, transporte de carga, estudiantes y actividades comerciales.
Las obras públicas de esta magnitud inevitablemente producen molestias y alteraciones en la circulación, pero precisamente por eso requieren planeación, información oportuna y medidas que reduzcan las afectaciones, porque el ciudadano que pasa buena parte de su jornada entre desviaciones y congestionamientos tiene derecho a conocer los plazos y las rutas alternativas.
También corresponde revisar con rigor los proyectos ejecutivos, los presupuestos, los contratos y las condiciones de drenaje pluvial, una exigencia especialmente pertinente después de las recientes inundaciones, pues construir infraestructura moderna sin resolver adecuadamente el manejo del agua sería una contradicción difícil de justificar cuando lleguen las siguientes tormentas.
La discusión pública debería concentrarse en la utilidad de las obras, su costo, su calidad y sus efectos sobre el entorno urbano, evitando tanto el aplauso automático como el rechazo sin argumentos, porque ninguna ciudad mejora si cada proyecto se convierte en una batalla política donde unos defienden todo y otros cuestionan absolutamente cualquier iniciativa.
Al final, la mejor evaluación no será la ceremonia de inauguración ni el tamaño de las fotografías oficiales, sino el funcionamiento real de los pasos inferiores, la seguridad de sus usuarios y el beneficio para la movilidad, porque el concreto no vota, pero las decisiones sobre cómo se utiliza el dinero público sí merecen una vigilancia permanente.
El Pinal y Jáuregui, cuando la cooperación internacional termina ante un juez
El proceso contra el exfiscal César Jáuregui por los hechos relacionados con el operativo de El Pinal ha colocado en el centro de la discusión los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, un asunto particularmente sensible para Chihuahua por su condición fronteriza y por la relación cotidiana que mantienen las instituciones mexicanas con sus contrapartes estadounidenses.
La acusación sobre una presunta intervención extranjera no autorizada exige revisar documentos, competencias, autorizaciones y actuaciones específicas, porque no toda cooperación constituye una violación de la soberanía y tampoco puede suponerse que cualquier participación de personal extranjero resulte legal simplemente porque persiga objetivos de seguridad pública.
El caso plantea preguntas que van más allá de la situación jurídica de una persona, especialmente sobre los mecanismos mediante los cuales se coordinan operativos contra organizaciones criminales, las facultades de las autoridades estatales y la obligación de documentar adecuadamente las actividades que involucran agencias de otros países.
También será necesario observar si el proceso se desarrolla con independencia, respeto a la presunción de inocencia y transparencia suficiente para que la sociedad comprenda los hechos, porque los tribunales deben resolver conforme a pruebas y disposiciones legales, no según las simpatías partidistas de quienes celebran o cuestionan las actuaciones judiciales.
Chihuahua necesita cooperación eficaz contra la delincuencia, pero igualmente necesita reglas claras y autoridades sujetas a la ley, de modo que la verdadera enseñanza del caso debería ser institucional y no solamente política, pues cuando las reglas se vuelven confusas el problema termina siendo mucho mayor que el expediente de un solo funcionario.
