El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha solicitado a un tribunal federal que anule una suspensión que impide la implementación de la reforma judicial, argumentando que es ilegal “congelar” normas constitucionales recientemente reformadas. La petición surge tras una suspensión provisional otorgada por un Juzgado de Distrito en Zapopan a la jueza de control Juana Beatriz Aguilar y otros jueces, que ordena al CJF no implementar el plan de trabajo de la reforma, no remitir al Senado un listado de juzgadores y no resolver asuntos en materia tributaria en un plazo de seis meses, entre otras restricciones.
El organismo, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña, considera que dicha suspensión afecta el orden público y el interés social. En su recurso, el director General Jurídico del CJF, Sergio Rodrigo Navarro Loubet, argumenta que cuando el Congreso y las Legislaturas actúan en su rol de Poder Reformador de la Constitución, no se debe conceder la suspensión sobre las normas reformadas, ya que esto tiene implicaciones directas en la gobernanza y el bienestar de la sociedad.
Además, en su impugnación, Navarro Loubet critica al juez que otorgó la suspensión, subrayando que el papel de un juez no es actuar como un “activista” o “defensor de derechos humanos”. En este sentido, afirma que la medida cautelar protege una esfera colectiva, y que el juez no debe asumir un rol que no le corresponde dentro del sistema judicial.
