Mañana martes representantes del gobierno mexicano deben comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reforma judicial que, a decir de expertos, viola las convenciones suscritas por el Estado mexicano.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una vez agotada la mayoría de los recursos internos para frenar la reforma judicial, representantes del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, deberán comparecer este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para rendir cuentas sobre esa iniciativa considerada violatoria de convenciones internacionales suscritas por México.
Representantes del Estado mexicano citados por la CIDH deberán presentarse en una audiencia en Washington para dar explicaciones sobre la legalidad y legitimidad de esa polémica reforma, la cual preocupa a ese organismo por su eventual impacto negativo “en el acceso a la justicia, en la independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho”.
La audiencia en la CIDH, denominada “México: Reforma judicial”, marcará el arranque de una serie de procesos en tribunales y foros internacionales en los que el gobierno de Sheinbaum tendrá que responder por puntos de la iniciativa que han cuestionado juristas y expertos en derechos humanos, como la elección popular de jueces y de integrantes del Tribunal de Disciplina a partir de listas de candidatos elaboradas mayoritariamente por Morena.
En la cita de este martes 12 participarán, además de representantes del gobierno de Sheinbaum, dirigentes de colectivos de derechos humanos y defensa legal, de asociaciones de jueces, magistrados y trabajadores judiciales, así como de colegios de abogados que viajarán a Washington para plantear ante la CIDH sus críticas a la reforma lopezobradorista respaldada por Sheinbaum.
Cuatro de las asistentes a la sesión, las abogadas de derechos humanos Susana Camacho y Marisol Méndez, y las magistradas Juana Fuentes Velázquez y María Emilia Molina, dijeron a Proceso, en entrevistas por separado, que esta será la primera ocasión en el que el Estado mexicano responda ante un organismo internacional sobre los cuestionamientos a la reforma judicial.
“Esto, por sí sólo, tiene gran importancia porque tendrá implicaciones políticas y jurídicas muy fuertes para el Estado mexicano, y para el régimen que encabeza Morena, que han demostrado una intención para cooptar el Poder Judicial, que era el único que le hacía contrapeso”, dice Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
¿Otro GIEI?
La coordinadora del área de Estado de Derecho de la Fundación para la Justicia, Marisol Méndez, adelanta que los peticionarios mexicanos propondrán a la CIDH enviar una misión de observación a los comicios de junio de 2025, en los que serán electos 881 jueces, magistrados y ministros de tribunales federales, así como monitorear el proceso de selección de las candidaturas.
Otros abogados de derechos humanos han sugerido en reuniones internas de las organizaciones peticionarias plantear a la CIDH la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -como el que investigó, por mandato del organismo hemisférico, el caso Ayotzinapa-, para supervisar la implementación de la reforma y emitir informes periódicos sobre su evolución.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dice que “lo mínimo” que esperan las organizaciones que intervendrán en la de la audiencia del martes próximo es un pronunciamiento de la CIDH sobre la reforma judicial mexicana, que se puede dar a escala institucional o de manera individual por parte de los comisionados que participarán en la sesión.
La audiencia durará una hora y media y los peticionarios –abogados de derechos humanos y trabajadores y jueces del Poder Judicial– tendrán 20 minutos para intervenir, al igual que los representantes del Estado mexicano. Después hablarán los comisionados de la CIDH y habrá unos minutos para réplicas.
Camacho afirma que los peticionarios esperan reforzar el enfoque de la CIDH sobre lo que está sucediendo en México con esta reforma, tanto por la afectación a la independencia judicial, como a las víctimas usuarias del sistema de justicia y a los trabajadores judiciales.
La abogada sostiene que hay una enorme expectativa en la audiencia del martes y hay muchas personas y organizaciones que quieren colaborar y participar, como estudiantes, secretarios de juzgados, mujeres y víctimas.
Explica que también hay interés “por escuchar qué va a decir y qué explicaciones va a dar el Estado mexicano frente a todos estos argumentos que se están dando sobre la inconveniencia de la reforma judicial”, la cual, según los más respetados constitucionalistas occidentales, viola las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por México.
