Ciudad Juárez.- Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en contexto de movilidad expresaron su indignación por la decisión del juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón en el caso del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez. El funcionario fue exonerado de cargos relacionados con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ocurrido el 27 de marzo de 2023, en el que murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron lesionados.
Como parte de la resolución, Garduño deberá ofrecer una disculpa pública, recibir una capacitación en derechos humanos y visitar centros de detención cada tres meses para verificar medidas de protección civil. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) tendrá que pagar la reparación del daño a las víctimas. Sin embargo, colectivos como el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) denunciaron que esta decisión refleja “el uso indebido de recursos públicos” y una política migratoria “hostil y violatoria de los derechos humanos” bajo la gestión de Garduño.
Por su parte, el pastor Carlos Mayorga, del colectivo Ángeles Mensajeros por la Paz y los Migrantes, lamentó que “la impunidad y el amiguismo” hayan prevalecido en este caso. Además, exigió la libertad de los migrantes detenidos por el incendio y pidió que se construya un memorial del migrante en la estación Lerdo, como un recordatorio de las vidas perdidas. Las organizaciones subrayaron la necesidad de una verdadera rendición de cuentas, mientras persisten las denuncias de violaciones a los derechos humanos en los centros migratorios del país.
